El juicio por la salida a Bolsa de Bankia se ha reanudado hoy en la Audiencia Nacional después del parón navideño con el interrogatorio de Rodrigo Rato. Antes de que comenzara su declaración, el tribunal ha emitido un auto en el que acuerda mantener a todas las acusaciones personadas, incluidas las populares, zanjando así la cuestión de la aplicación de la doctrina Botín que pedían los abogados defensores.

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Rodrigo Rato ha iniciado su declaración hacia las 10.45 de la mañana respondiendo a las preguntas de la fiscal Carmen Launa. «Responderé a las preguntas del fiscal, del FROB y de mi abogado», ha asegurado Rato al iniciar su declaración. El expresidente de Bankia ha afirmado que el Banco de España estaba al tanto de todas las decisiones que se tomaron durante los meses previos a la salida a Bolsa de Bankia. El expresidente del FMI se ha mostrado muy firme durante el interrogatorio y ha llegado a interrumpir en varias ocasiones a la fiscal. «No perdamos más tiempo», la ha cortado en una ocasión. 

La sección cuarta de la sala de lo Penal ha rechazado casi todas las cuestiones planteadas por las defensas, aunque ha retirado el delito de falsedad contable contra Bankia, su matriz BFA, y la firma auditora Deloitte, por considerar que solo puede atribuirse a personas físicas. Mantiene el de estafa a los inversores. En el auto la sala presidida por la magistrada Ángela Murillo también se ha opuesto a que se incorporen a la causa documentos relacionados con la quiebra de Banco de Valencia.

El tribunal ordena asimismo que los 34 acusados acudan a las sesiones programadas para el juicio, que se prolongará, en principio, hasta el próximo mes de julio. Casi todos los abogados defensores pidieron durante las cuestiones previas que sus representados fueran eximidos de acudir a las sesiones, en algunos casos por residir fuera de Madrid y en otros por cuestiones de salud.

La decisión del tribunal sobre las acusaciones confirma lo que defendió la fiscal Carmen Launa  al inicio del juicio. Después de que el abogado de la entidad y otros las acusaran de no tener acreditado a qué perjudicados representan y de no haber formulado correctamente su acusación, Launa aseguró que las asociaciones de pequeños accionistas están legitimadas y que el quebranto que ocasionó la salida a Bolsa de Bankia fue «colectivo». El auto del tribunal asegura que la doctrina Botín «ha experimentado una clara evolución» en la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Queda zanjada por tanto la controversia sobre la posible aplicación de la doctrina Botín, que los abogados defensores invocaron durante las cuestiones previas del juicio y que supone que, cuando la Fiscalía no formula acusación contra alguien y no hay perjudicados directos, no se le puede enjuiciar. En opinión de la fiscal Anticorrupción, tanto las acusaciones populares como las particulares deben continuar en el proceso porque el daño que provocó la salida a Bolsa de Bankia fue «más que relevante» y la supuesta falsedad contable afectó a todo el sistema financiero español y provocó el mayor rescate de la Historia de España, que ascendió a 23.465 millones, lastró la cotización del IBEX y disparó la prima de riesgo.

El auto dictado hoy por la sala incluye un rapapolvo a la fiscal del caso, que en su primera intervención durante el juicio oral anunció que probablemente iba a cambiar su acusación, para ampliarla a otros delitos. El auto califica esa intervención de «proclama» y añade que resulta «un tanto sorprendente dicha previsión por el momento en que se anuncia, cuando aún no se ha practicado una sola prueba y sin dato novedoso alguno».

La Fiscalía acusa a Rato y a otros tres administradores (el ex consejero delegado de Bankia Francisco Verdú y los consejeros José Manuel Fernández Norniella y José Luis Olivas) de falsear la información con la que la entidad salió a Bolsa y que causó un grave perjuicio a los inversores. Para Rato pide cinco años de cárcel y para el resto, entre dos años y siete meses y cuatro años. En el escrito de acusación, Luzón asegura que querían obtener «a toda costa los fondos necesarios» para salir a Bolsa y que ocultaron la verdadera situación de la entidad de manera «consciente». Bankia, formada por la integración de Caja Madrid, la valenciana Bancaja y cinco cajas de ahorros, acabó necesitando un rescate de 22.424 millones de dinero público.

En el caso concreto de Rato, el fiscal Alejandro Luzón, que se encargó de la instrucción, cree que permitió la salida a Bolsa «a sabiendas de que los inversores estaban recibiendo una información incompleta e inveraz» que «ocultaba la situación crítica» del banco. Para el fiscal, Rato se aprovechó del «prestigio» de haber sido vicepresidente económico del Gobierno de José María Aznar y director gerente del FMI, para transmitir un «ficticio mensaje de solvencia y buenas perspectivas».

Fuente: El País