El Gobierno va a tener muy difícil aplicar las reformas legislativas que ha prometido al sector del taxi para limitar las licencias de las empresas de vehículos de transporte con conductor (VTC), las que usan Uber y Cabify.

En primer lugar, porque para sacar adelante cualquier norma precisaría de todos los apoyos parlamentarios que llevaron a Pedro Sánchez a La Moncloa. Y en segundo, porque aunque superara el trámite parlamentario, y las comunidades autónomas desarrollaran luego normas restrictivas como exigir a los VTC una segunda licencia urbana para operar en cada municipio, el Estado y las administraciones que promovieran esas normas se enfrentarían a una catarata de recursos judiciales, incluyendo del Tribunal Constitucional. Y, muy posiblemente, al pago de indemnizaciones millonarias a los actuales propietarios de las autorizaciones, según los expertos juristas consultados.

“Hay que respetar las autorizaciones ya concedidas. Si estas se dieron para permitir una actividad en todo el territorio español, no se puede aprobar ahora una norma con carácter retroactivo que limite su aplicación en determinados lugares. La única solución sería o bien indemnizar a los propietarios de autorizaciones VTC o bien reconvertir sus títulos en licencias de taxi. Si no, el Gobierno tendrá que esperar a que poco a poco las autorizaciones VTC vayan extinguiéndose. Y esto sería un proceso de muchos años”, señala Luciano Parejo, catedrático emérito de Derecho Administrativo en la Carlos III.

Fuentes jurídicas añaden que la opción más fácil para el Gobierno consistiría en rescatar (expropiar) las autorizaciones VTC e indemnizar a sus propietarios con un justiprecio. Pero esta posibilidad, además de cara, sería difícil de vender políticamente por el uso de recursos públicos para indemnizaciones millonarias para personas que dieron un pelotazo al hacerse con autorizaciones a precios de saldo. “El problema no son solo las licencias que hay, sino las que van a llegar. Hay muchas sub judice, que previsiblemente los tribunales van a aprobarlas próximamente”, añaden estas fuentes.

El primer obstáculo al que se enfrenta el Ejecutivo es la transferencia a las comunidades autónomas de la capacidad normativa sobre las VTC, ahora en manos del Estado. En contra de lo que sostienen las asociaciones de taxistas y Ayuntamientos como el de Barcelona, ese traspaso no se puede hacer por decreto ley para intentar saltarse el trámite parlamentario.

La delegación de facultades del Estado en las comunidades autónomas en materia de transportes está regulada por una ley orgánica, y no puede modificarse por un decreto ley, sino que precisa de otra ley orgánica, que debe ser votada por la mayoría absoluta del Congreso. Eso obliga al Gobierno a contar con todos los apoyos parlamentarios de sus posibles socios (nacionalistas, Podemos y Bildu), ya que tanto PP como Ciudadanos han mostrado su oposición a esta transferencia. Además, muchas comunidades —las gobernadas por el PP— podrían rechazar ese traspaso. El titular de Fomento, José Ábalos, reconoció en una comparencia parlamentaria la necesidad de un “amplio consenso” para llevar a cabo ese traspaso.

Incluso si esa fase parlamentaria se superara, el conflicto no solo no se apagaría, sino que se enredaría aún más. Aunque ahora en los tribunales. Si se atiende a las demandas de los taxistas y se someten a las licencias actuales de VTC a una doble autorización, la que ya poseen con validez y eficacia general para todo el Estado, y otra nueva de carácter territorial que otorgarían los municipios o áreas metropolitanas, los propietarios presentarían demandas para ser indemnizados por la limitación de sus derechos legalmente adquiridos.

Esa segunda licencia es la que ha querido aplicar sin éxito la alcaldesa de Barcelona Ada Colau en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) mediante un reglamento cuya paralización por el Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña ha dado origen a la huelga de taxistas.

El reglamento exigía a todos los vehículos con licencia VTC una autorización adicional para poder circular que, en la práctica, supone la desaparición de casi 1.000 licencias en Barcelona. Si se aplicara el modelo a escala nacional, 7.100 propietarios de VTC de los 9.366 que circulan actualmente tendrían que parar.

Además de las indemnizaciones, los propietarios de las licencias podrían recurrir esa licencia urbana en los tribunales porque vulneraría lo establecido en la Directiva de Servicios de 2006, la Ley 17/2009 que la incorpora al ordenamiento español, y la Ley de garantía de la unidad de mercado de 2013, entre otras leyes básicas del ordenamiento jurídico español, según el informe que ha entregado este martes Unauto al Ministerio de Fomento.

Los actuales propietarios de las licencias de VTC defienden que siempre han cumplido las limitaciones que marcaba la ley en cada momento. Las primeras fueron establecidas en el Reglamento de la LOTT de 1990, que fue derogado por la ley de liberalización de José Luis Rodríguez Zapatero de 2009, por lo que se otorgaron sin ningún límite hasta que el tope 1/30 fue repuesto en 2015. Un decreto ley limitando derechos con carácter retroactivo tendría muy difícil pasar el filtro de los tribunales con la jurisprudencia española, apuntan los juristas consultados.

Fuente: El País