Giro en el caso Banco Popular. Los peritos cedidos por el Banco de España al juez que investiga posibles irregularidades en la gestión de Banco Popular descartan que la entidad fuera inviable en la ampliación de capital de 2016, si bien las cuentas reflejadas en el folleto «no respetaban determinados aspectos de la normativa».

De esta forma, los expertos del Banco de España desbaratan los argumentos de varios exaccionistas. Este informe es clave en el caso Popular.

En su informe, que obra ya en poder del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, los expertos Santiago Ruíz-Clavijo y Pablo Hernández insisten en que no puede decirse que Popular «fuese inviable» pues «a diciembre de 2016, su patrimonio neto era de 11.088 millones y tenía
una capacidad de generación recurrente de beneficios antes de provisiones en torno a 1.150 millones». Esto supone respaldar las tesis del expresidente de la entidad Ángel Ron y su gestión. Ron está imputado en la causa por su gestión, y sobre todo por la ampliación de capital de mayo de 2016 en la que la entidad captó 2.505 millones de euros entre pequeños y grandes inversores.

A pesar de que «era previsible que sus accionistas sufrieran pérdidas por el reducido margen para cumplir con los requerimientos de solvencia» exigidos por el Banco Central Europeo (BCE), el banco disponía «además de la posibilidad de materializar plusvalías por ventas de negocios».

No obstante, concluye el escrito, «con independencia de otros posibles déficits de provisiones», el importe de la ampliación hubiera debido ser mayor para alcanzar sus objetivos; de hecho, los anunciados para 2018 «sí eran alcanzables mediante operaciones
de desinversión que el Consejo adoptó posteriormente».

Aprobada en mayo de 2016, todavía con Angel Ron como presidente, en dicha campaña se suscribieron títulos por valor de 2.500 millones de euros en lo que fue una operación, ahora objeto de investigación tanto en la vía penal como civil, con la que el grupo pretendía fortalecer
su balance, mejorar su rentabilidad y sus niveles de solvencia y calidad de activos.

Además, la entidad anunció entonces un nuevo plan estratégico que preveía la desinversión de 15.000 millones de euros de activos improductivos brutos en dos años, hasta 2018.

En opinión de ambos peritos, «algunas de las hipótesis» contenidas en el folleto de la ampliación «eran demasiado optimistas», especialmente las relacionadas con la evolución de la cartera de dudosos, lo que «invalidaba las previsiones de cobertura, pérdidas y solvencia» del documento.

De este modo, cuestionan que las cuentas de 2015 «no respetaban determinados aspectos del marco contable» del Banco de España como se demostró tiempo más tarde, cuando la «corrección parcial de algunos de ellos causó las pérdidas a diciembre de 2016″.

Aunque reconocen que no les es posible cuantificar el impacto de los incumplimientos de la normativa «subsistentes» a cierre de 2016, fundamentalmente en lo relativo a la sobrevaloración de las tasaciones, toman como punto de partida la estimación incluida en el plan de negocio
aprobado el 31 de mayo de 2017, apenas una semana antes de la resolución del Popular.

En este se cuantificaban pérdidas de 1.915 millones por las provisiones de inversión crediticia y adjudicados de 4.180 millones, importe que «al igual que los 5.254 millones registrados en 2016 estaba vinculado en su mayoría a activos inmobiliarios y créditos concedidos a empresas
del sector» hasta 2007.

Los expertos apuntan que «una parte significativa de estas pérdidas» deberían haberse reflejado en las cuentas de los ejercicios anteriores, si bien ello «no implica que el Banco Popular fuese inviable».

Con carácter previo a su exposición, el peritaje encargado por el juez Fernando Andreu -primer instructor de la causa- en 2017 avisa de que «dada la abundancia de documentación y la complejidad técnica de los temas», las conclusiones podrían variar en el futuro, una vez conozcan
nueva información y las alegaciones de las partes.

El juez instructor ha dividido en dos piezas la investigación. En una están imputadas 34 personas, entre ellas los expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho, el exconsejero Antonio del Valle y la firma auditora Pwc. Una de las piezas se refiere esa etapa de Ron al frente del banco, en la que tratará de esclarecer si durante esa época los gestores de la entidad falsearon sus cuentas y por tanto cometieron delitos de falsedad societaria y administración desleal en la ampliaciónde 2016. Cabe recordar que la CNMV ha abierto un expediente contra Ron y otros exdirectivos por este motivo que ya ha sido rebatido por el expresidente del banco,que dejó su cargo el 20 de febrero de 2017. 

En la segunda pieza, centrada en la etapa de Emilio Saracho en Popular, a partir de abril de 2017, el juez pretenderá determinar si hubo una campaña de desprestigio contra Popular para que su valor cayera.

Popular fue resuelto en la madrugada del 6 al 7 de junio de 2017, y fue vendido esa misma madrugada a Santander por un euro.

Fuente: Cinco Días