El curso escolar empieza estos días con 1.984 nuevos funcionarios de secundaria y Formación Profesional menos de los que preveía la Administración. Es el resultado de la escabechina que ha supuesto en muchas regiones las oposiciones celebradas en junio y julio. El 9,6% de las 20.689 plazas ofertadas no se ha cubierto porque no ha habido suficientes aprobados. Y eso que muchos opositores llevaban años preparando esta gran convocatoria de plazas públicas, la primera de grandes proporciones desde que estalló la crisis económica. El sindicato Comisiones Obreras traza un mapa de la situación en su Informe de comienzo de curso 2018-2019. Objetivo: revertir los recortes, presentado hoy en Madrid.
El número de suspensos es muy distinto en unas pruebas a las que se presentaron 200.000 graduados por toda España. En Euskadi, donde no se ofertaban tantos puestos desde hace 25 años, han quedado desiertas 405 plazas (el 26,8%). Apenas el 37% aprobó el primer ejercicio, escrito. La consejera de Educación, Cristina Uriarte, mostró en público su sorpresa por las pésimas calificaciones, pero declinó ir más allá en el análisis. El examen, dijo, fue «diseñado, planteado y corregido» por el profesorado funcionario, por lo que expresó su «total respeto» a la prueba y a su corrección. Por esta independencia académica, el Gobierno vasco evita comentar los resultados de las oposiciones.
El temario de los exámenes fue común a todas las comunidades, pero el azar decidió los temas a desarrollar en cada una de ellas. El primer ejercicio, que medía los conocimientos teóricos y prácticos, resultó eliminatorio. Y aquellos que pasaron a la segunda ronda se enfrentaron a una programación didáctica y se valoró la experiencia docente acumulada, extensa en el caso de miles de interinos.
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Como en el País Vascó, un portavoz de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid subrayó también la «soberanía de los funcionarios» para corregir las pruebas, lo que impide intervenir al Ejecutivo regional. «Estaríamos prevaricando», sostiene esta fuente. En esta región no se ha cubierto 449 puestos (20,21% del total). Este portavoz recuerda que los opositores conocían las condiciones de las oposiciones y que se han quedado con una copia de su examen, por lo que saben cómo contestaron. Las pésimas notas se concentraron sobre todo en las plazas de matemáticas y físicas.
«¿Es que son más competentes los opositores de Andalucía que los de Madrid? No tienen sentido los resultados. Es un disparate», se lamenta Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CC OO. El sindicalista apunta, sin pruebas, a ciertas «trampas». Se refiere a que los tribunales hubieran recibido alguna instrucción en algunas regiones para no aprobar a todos los aspirantes. Los gobiernos autonómicos recuerdan, sin embargo, que resulta más rentable a la Administración un profesor funcionario que uno interino.
La convocatoria de este año forma parte del acuerdo para la mejora del empleo público, cuyo objetivo es reducir la tasa de interinidad por debajo del 8% en 2022. En la actualidad, en educación esta tasa se sitúa en el 29% y el plan se tambalea. La Administración se ha comprometido a convocar 88.000 plazas en esos cuatro años pero CC OO cree que la cifra se queda muy corta por el alto porcentaje de profesores que se van a jubilar en ese plazo. «Se necesita convocar 60.000 plazas más».
El Ministerio de Educación es consciente del problema suscitado con las pruebas. No quiere entrar a analizar «ni la concepción ni la corrección de los exámenes» porque no le compete, pero sí adelanta que «revisará el actual procedimiento de las oposiciones». Sandra Moneo, portavoz de Educación del PP en el Congreso, tiende la mano a los socialistas porque comparte la idea de que hay que replantear las pruebas, pero en el marco de una «gran reforma pendiente, que va desde la formación inicial del profesorado, al cambio del sistema de acceso a los centros o la carrera laboral».
A mediados de julio, sin conocerse aún todos los resultados pero con los primeros malos sobre la mesa, los sindicatos CC OO, CSIF, ANPE y UGT enviaron un escrito a la ministra Isabel Celaá en el que achacaban los suspensos «al modelo de proceso selectivo» y urgían al Gobierno a negociar un cambio «con la mayor brevedad posible».
Frente a los altos porcentajes de suspensos en Madrid o País Vasco, en La Rioja apenas ha quedado un puesto y en Andalucía el 3,5% (191). Por encima de la media nacional se sitúan Castilla-La Mancha y Castilla y León, Murcia y Cantabria que rondan el 12% de plazas desiertas. Caso aparte son Ceuta (29,6%) y Melilla (24,7%), donde son pocos los titulados que se presentan.
Fe de errores
En contra de lo que se decía en una versión anterior, en la Comunidad Valenciana se han celebrado oposiciones de primaria no secundaria.
Fuente: El País