Las empresas y particulares que alquilan pisos para turistas ultiman su defensa legal frente al nuevo plan del ayuntamiento de Madrid, que prevé prohibir a partir del miércoles el 95% de los alquileres en el centro del municipio. El nuevo plan fija que cualquier piso que se alquile con ese propósito tendrá que tener un acceso independiente a la calle y que todo propietario que alquile su vivienda por más de 90 días estará obligado a contar con una licencia municipal. Dos requisitos que ilegalizan el 95% de la oferta y que ha soliviantado a propietarios (particulares y empresas) y a las plataformas por internet que intermedian entre ambos.
Las patronales consultadas por Cinco Días confirman que presentarán los recursos contra la norma a partir del jueves, si el pleno del Ayuntamiento de Madrid finalmente lo aprueba, y al mismo tiempo están intensificando los contactos con la Comisión Nacional para los Mercados y Valores (CNMC) para trazar una estrategia conjunta con el fin de tumbar el plan de hospedaje diseñado por Manuela Carmena.
El organismo supervisor ya recurrió en agosto de 2018 la moratoria de un año para lograr licencias para pisos turísticos
Chema González, presidente de la Asociación de Gestores de Viviendas de Uso Turístico de Madrid (Asotur), organización que representa a las 25 empresas más importantes del sector en la capital y a más de 1.000 propietarios, reconoce que presentará una demanda judicial contra la norma. “Ya hicimos lo mismo en agosto de 2018 contra la moratoria de un año para conseguir licencias y contra la obligación de contar con una licencia para alquilar pisos. El recurso está siguiendo su proceso y somos muy optimistas respecto a lograr un respaldo por parte de los juzgados”, recalca. En su opinión, la subida del precio del alquiler en Madrid no es responsabilidad exclusiva de los pisos para turistas. “De hecho, el ayuntamiento de Palma de Mallorca los ha prohibido y el precio no ha parado de subir. En Madrid se ponen en el mercado cada año unas 200.000 viviendas y en el sector turístico solo hay 10.800, de las cuales 6.000 están en el centro histórico. ¿Cómo puede afectar solo el 10% al resto? Las razones para justificar la subida de precios son otras: más turismo, dificultad para acceder a hipotecas y salarios bajos que han generado una tendencia a favor del alquiler frente a la compra”.
En paralelo, la CNMC también recurrió en agosto de 2018 la norma de Madrid y sumó otras dos demandas contra los ayuntamientos de San Sebastián y Bilbao por limitar los alquileres turísticos a pisos bajos o primeras plantas. “Todas estas medidas tienen efectos restrictivos sobre la competencia en las tres ciudades, al impedir la entrada de nuevos operadores y consolidar a los oferentes de alojamientos turísticos ya instalados”, recalcaba el regulador en una nota.
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La Asociación Madrid Aloja, que engloba a un gran porcentaje de los particulares que alquilan pisos en Madrid, considera que la decisión del ayuntamiento, con carácter retroactivo, creará inseguridad jurídica e indefensión. “Perjudicará a la competencia y favorecerá al establishment hotelero tradicional a través de nuevas barreras de acceso al mercado para los particulares y pequeños profesionales”, recalca Adolfo Merás, presidente de Madrid Aloja. En su opinión se trata de una medida claramente electoralista, “que impugnaremos en caso de aprobarse”, y califica de incomprensible que se prohíba con carácter retroactivo. “Hace dos años no eran un problema y hoy se las prohíbe completamente con claros fines electoralistas”, concluye. Merás asegura que el ayuntamiento se basa en datos erróneos o falsos. “El número de habitantes empadronados en el distrito centro ha subido en los últimos años, mientras que en el plan se repite sistemáticamente el que existe un proceso de expulsión. En concreto en 2018 aumentó en 2.500 personas, de los cuales 1.700 eran extranjeros. Se obvia voluntariamente la llegada de 100.000 nuevos habitantes en los últimos 4 años”, recalca.
El rechazo al plan también llega desde las plataformas de internet que intermedian entre propietarios y turistas. Almudena Ucha, presidenta de la Asociación Española de Plataformas Digitales de Alquiler Temporal (PAT), que engloba a Home Away, Rentalia, Niumba y Spain-Holiday.com, recalca que lo que más le incomoda del plan es que la oferta legal que existe la transforma en ilegal. “Hay 9.000 viviendas turísticas en Madrid que cumplen con los requisitos que marca el gobierno autonómico, el competente en materia turística, y el Ayuntamiento de Madrid ilegaliza el 95% de esas viviendas, al obligar a que tengan acceso independiente a la calle”, remarca. Desde Airbnb también rechazan el plan de Carmena. “El ayuntamiento está usando el turismo en hogares como chivo expiatorio y no resolverá los retos que plantea el turismo. Estas medidas solo favorecerán a unos pocos, dejando a miles de ciudadanos y negocios locales sin una fuente de ingresos esencial. Queremos trabajar con el Ayuntamiento en leyes de sentido común que beneficien a todos y no solo a unas pocas empresas”, recalca Sara Rodríguez, responsable de políticas públicas de Airbnb.
Fuente: Cinco Días