Si en lo más profundo de la Gran Recesión se le dijese a un empresario español que, en 2018, el PIB estaría creciendo por encima de la media europea, que la Unión Monetaria sobreviviría y el desempleo se habría reducido a casi la mitad, cambiaría esa situación por la suya sin dudarlo. En términos macroeconómicos, España está mejor que antes; los empresarios lo saben, lo notan más y, en su mayoría, esperan que así siga siendo, como explica el último Barómetro de Empresas elaborado cada seis meses por Deloitte para Negocios.

Más trabajo, pero no mejor

La creciente cautela de los empresarios no se extiende a sus perspectivas sobre el empleo. Según el Barómetro de Empresas, el 39% de los empresarios prevé aumentar su número de empleados en la segunda mitad del año (sobre todo, porque están ampliando sus carteras de productos y de clientes). Son mejores augurios que hace seis meses y, lo que es más importante, las perspectivas de los directivos suelen quedarse cortas con la realidad: si hace seis meses el 37% esperaba aumentar plantilla, el porcentaje de los que lo han hecho se ha quedado en un 46%.

Esto encaja con las cifras oficiales. España cerró el mes de junio con 19 millones de cotizantes a la Seguridad Social, la primera vez que se recuperaba esa cifra desde el inicio de la Gran Recesión. Las cifras del paro también se han reducido: 3,49 millones de desempleados, la menor cifra en 10 años, según la Encuesta de Población Activa publicada el jueves.

El sector inmobiliario es el que más ha aumentado personal en los últimos seis meses, al calor de la aceleración (que algunos aventuran llamar una nueva burbuja) especialmente en el mercado del alquiler: un 78% de las empresas afirman haber contratado. Mientras, el sector turístico, la primera industria de España, sigue optimista a pesar de un primer semestre flojo por las bajas temperaturas y la recuperación de otros destinos: de nuevo, todos los empresarios encuestados afirmaron su propósito de contratar en el segundo trimestre.

La precariedad continúa siendo uno de los grandes problemas del mercado laboral: un 89% de los contratos firmados en 2018 son temporales. Sin embargo, según los datos del Ministerio de Trabajo, con respecto al año pasado los acuerdos indefinidos están creciendo a un ritmo mucho más acelerado que los temporales. Las cifras del Barómetro confirman esta tendencia: solo un 28% de los empresarios cree que su número de trabajadores temporales crecerá este año, frente a un 40% que prevé un incremento de los contratos fijos.

No es el único reto. El envejecimiento de la población continúa y sus efectos van a hacerse notar cada vez más: de las empresas que prevén reducir plantilla en la segunda mitad del año (un 13% del total), más de la mitad afirma que la caída se debe a jubilaciones y prejubilaciones.

Pero ese optimismo está de capa caída. El fragmentado mapa parlamentario ha derivado en la primera moción de censura triunfante de la historia moderna del país y en el regreso de la primera fuerza parlamentaria a las broncas maneras de principios de la década pasada. Mientras, como ruido de fondo, el desafío independentista catalán persiste, controlado efectivamente desde donde quiera que el cesado expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont esté, mientras sea fuera de España. También fuera de España, el precio del petróleo, la inestabilidad política en Europa y el potencial de una destructiva guerra comercial hacen fruncir el ceño a los directivos. Todo esto ha hecho que el número de empresarios que creían que la economía iba a crecer a muy buen ritmo en el próximo semestre haya caído drásticamente.

El 1 de junio, por primera vez tras la aprobación de la Constitución, en 1978, una moción de censura salía adelante, haciendo del socialista Pedro Sánchez el séptimo presidente del Gobierno desde el restablecimiento de la democracia, con el respaldo de una heterogénea coalición cuyo único punto en común era su rechazo al Partido Popular, al que la sentencia del caso Gürtel había dejado muy tocado desde el punto de vista ético y de credibilidad. El pasado fin de semana, Pablo Casado ganaba el congreso del PP prometiendo un regreso a las esencias: la oposición sin tregua que los llevó a ganar en 1996 y 2011, y el conservadurismo «sin complejos» que tanto éxito electoral obtuvo en tiempos de José María Aznar.

Puede tener su oportunidad más temprano que tarde. El PSOE tiene 84 de los 350 escaños en el Congreso de los Diputados. Y aunque el PP también estaba en minoría, la geometría variable para el Ejecutivo de Sánchez es muchísimo más complicada, máxime cuando ahora, presionado por Puigdemont, el Partido Demócrata Catalán (PDeCAT), uno de los que apoyaron la moción de censura en junio, ya ha alertado al presidente de que va a encarecer el coste de su apoyo. El propio Gobierno ya afirmaba el martes, a través de su portavoz Isabel Celáa, que aunque «no contempla» una nueva cita electoral aún este año, «nadie va a resistir más allá de lo razonable». La posibilidad de nuevos comicios divide claramente a los empresarios: un 38% de los encuestados por el barómetro cree que la convocatoria es necesaria, mientras que un 39% afirma que no es buena idea.

Luego, la política económica del Ejecutivo de Sánchez sigue limitada por el procedimiento de déficit excesivo abierto por la Comisión Europea en 2009: España es el único país de la UE que sigue expedientado. Y aunque la elección del equipo económico parece haberse diseñado con la intención de mantener buenas relaciones con Bruselas, las primeras señales desde el Gobierno son de relajación de los objetivos de déficit (del 2,2% hasta el 2,7%) y, sobre todo, una subida de impuestos para pagar el ajuste pendiente, de 5.000 millones de euros solo en 2019. En una prueba de la debilidad del Gabinete, el viernes el Congreso no llegó a aprobar ni siquiera ese primer paso, tras abstenerse Podemos, IU, PDeCAT y ERC.

Los empresarios españoles han acogido el cambio de Ejecutivo con una cautela ligeramente pesimista: aunque la mayoría de ellos creen que no tendrá consecuencias en la economía —y menos aún, en sus propias empresas—, el número de directivos que consideran que el cambio de Gobierno tendrá un efecto negativo duplica al de los que lo ven como una buena noticia.

Turismo y petróleo

En un mundo globalizado, no obstante, lo que el Gobierno de España haga o deje de hacer no es tan importante para los empresarios como las grandes tendencias macroeconómicas mundiales. Solo uno de cada tres cree que las medidas del Ejecutivo vayan a tener un reflejo grande en la economía del país, muy por detrás de otros factores como el impacto del turismo internacional o el precio del petróleo.

Precisamente este último factor es el que más ha avanzado en las preocupaciones de los directivos. La persistente crisis en Oriente Próximo (que se ha agravado después de que en mayo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rasgase en pedazos el acuerdo con Irán firmado por su antecesor), el hundimiento de la producción petrolera en Venezuela y la propia contención de los estados miembros de la OPEP han hecho que el barril de Brent haya llegado a apreciarse un 20% desde principios de año. Y aunque las cotizaciones se han contenido (ahora el barril ronda los 72 dólares, desde los 80 a los que llegó en mayo), y la producción de petróleo en EE UU sigue aumentando, más de la mitad de los empresarios encuestados (un 52%) considera que las cotizaciones van a seguir por encima de los 70 dólares, y solo uno de cada diez espera que bajen de los 60.

Esto es un lastre más para un crecimiento económico internacional que ya muestra signos de agotamiento. En abril, el FMI anunció unos pronósticos relativamente optimistas para la economía de la zona euro (un aumento del PIB de 2,4%, dos décimas más que lo previsto en enero) y para España (2,8% frente a 2,4%), pero advirtió de que se irán desacelerando en los próximos años. Es más, también alertaba de los riesgos de la ofensiva contra el libre comercio global impulsada por Estados Unidos y a la que tanto la Unión Europea como China han anunciado su intención de responder. Todo esto ha aumentado los riesgos del mercado exterior y desacelerado la apuesta por las exportaciones, uno de los motores del crecimiento de las empresas españolas: más de la mitad de las encuestadas obtiene más de un 5% de sus ingresos fuera del país. El porcentaje de las firmas que cree que sus exportaciones van a aumentar este año ha caído 13 puntos.

Mantener los tipos

Por ahora, todos estos riesgos no han desviado al Banco Central Europeo de su intención de ir acabando con las políticas de compra de deuda y la gradual recuperación de los tipos de interés. Una posibilidad que solo desea uno de cada cinco empresarios encuestados: la inmensa mayoría pide a la institución presidida por Mario Draghi que los mantenga en el 0% actual.

Uno de los sectores a los que sí beneficiaría una subida de tipos es la banca. La mala situación del sector financiero ha sido uno de los factores por los que una de cada tres compañías encuestadas ha afirmado que sus beneficios antes de impuestos han disminuido, la peor cifra desde el primer semestre de 2013.

Y lo que es más importante: si hay menos beneficios, también hay menos dinero para seguir invirtiendo. Si, hace seis meses, dos de cada tres compañías encuestadas afirmaban que iba a aumentar la inversión, esa cifra se ha reducido a un 44%.

Subcontratas para no perder el tren

Es un principio básico de cualquier organización: cuanto más grande se es, más lento es y más cuesta cambiar. Las empresas lo saben y, en un entorno donde la tecnología puede cambiar radicalmente un modelo de negocio en meses o incluso en semanas —o, incluso, acabar con él—, la agilidad se ha convertido en cuestión de supervivencia: tres de cada cuatro de ellos creen que adaptarse a las nuevas tecnologías con rapidez es una de sus prioridades.

Es por eso que los directivos están apostando por concentrar su negocio en las cosas que saben hacer mejor, y dejar los cambios tecnológicos inmediatos en manos de expertos. El 86% de los empresarios encuestados afirma que su compañía externaliza alguna de sus funciones. Siete de cada diez ha subcontratado algunas de las funciones de su departamento de tecnología (un 12% lo ha externalizado totalmente), por lo que su principal prioridad a la hora de elegir una subcontrata son los conocimientos técnicos que posea.

Otro dolor de cabeza para las empresas son las normativas fiscales, máxime cuando muchas de ellas se han lanzado a un proceso de internacionalización que las obliga a hacer malabares con decenas (o, incluso, centenas) de legislaciones fiscales distintas. Más de la mitad de las empresas encuestadas han puesto sus responsabilidades impositivas en manos de terceros.

Uno de los factores que ha impulsado la externalización es la puesta en marcha del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, el pasado 25 de mayo: un 86% de las empresas afirman que los cambios legislativos han afectado negativamente a su rendimiento. La excepción, naturalmente, son las empresas tecnológicas, y no todas. La normativa, que obliga a las compañías a un control más estricto de los datos personales de sus clientes, es uno de los motivos por los que más de la mitad de las firmas encuestadas tiene previsto aumentar sus inversiones en ciberseguridad.

Ese cambio de foco de los servicios tecnológicos también permite a las compañías abrir la puerta a nuevas soluciones, como la nube de datos, la automatización y la aplicación robótica. Un 80% de los empresarios encuestados han al menos hablado con sus proveedores acerca de estas tecnologías, y uno de cada cinco ha probado estas soluciones a propuesta de las empresas con las que trabajan. Sin embargo, solo un 36% de las firmas incentivan a sus subcontratas para que innoven; la mayoría (un 40%) espera que sean ellas las que tomen la iniciativa.

Las externalizaciones también son la puerta de entrada a la automatización. La mayoría de las firmas de más de 600 millones de euros de facturación prevén instalar herramientas robóticas en sus empresas. Las más abiertas a la automatización (cuatro de cada cinco) son las firmas aseguradoras, un sector en pleno proceso de reconversión digital.

Fuente: El País