El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria con la que intenta rebajar la tensión de la crisis agraria. Y lo hace tratando de dar respuesta a una de las grandes reivindicaciones del campo, que reclama tener unos precios justos. “Se van a incluir los costes de producción en los contratos entre agricultores y ganaderos y los distribuidores y grandes cadenas”, ha explicado el ministro de Agricultura, Luis Planas.
Esta medida pretende equilibrar la relación entre las partes. “El precio de venta no podrá ser inferior a los costes de producción. De esta forma, reforzamos la posición negociadora de los productores”, ha insistido Planas. Sin embargo, a falta de la publicación del decreto en el BOE, parece que se acerca más a una recomendación que a una prohibición expresa.
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Hasta el momento hay varias lagunas sobre la efectividad de la norma. Por una parte, como ha asegurado el ministro, los costes de producción los determinarán libremente entre comprador y vendedor. En otros casos dependerá de los índices oficiales que se publiquen. Así, el mínimo al que se podrán comprar los productos será una parte más de la negociación entre las partes, por lo que dependerá de la capacidad de presión que tengan los agricultores y ganaderos.
Además, sobre las sanciones que acarrearía el no cumplimiento de este mínimo a pagar por la Ley de la Cadena Alimentaria, Planas ha dicho que la ausencia de contratos escritos será una falta grave: “Las faltas graves y muy graves serán efecto de difusión de los que no cumplan”. Por tanto, la sanción que ha detallado es simplemente una medida disuasoria, ya que solo afectará a la reputación de los compradores de las materias de agricultores y ganaderos.
Fuente: El País