Los consumidores pagarán entre 515 y 655 millones de euros más por el efecto de la llamada tasa Google, el nuevo impuesto que deberán afrontar empresas de servicios digitales y que trasladarán previsiblemente al precio final de sus productos y servicios. Esta es una de las conclusiones del estudio Impacto de un impuesto sobre los servicios digitales de la economía española, elaborado por la consultora PwC por encargo de la patronal de la industria tecnológica española (Ametic) y la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital).
El Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, conocida como tasa Google, impone un gravamen del 3% sobre los servicios de publicidad y la intermediación online, y la venta de datos de usuarios, siempre sobre empresas que facturen más de 750 millones de euros en todo el mundo y al menos tres millones en España. El alcance del gravamen afectará a firmas como Google, Facebook, Amazon, Airbnb o Uber, y prevé una recaudación de 1.200 millones de euros.
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El informe señala que tantos los consumidores particulares como las pequeñas y medianas empresas (pymes) serán los grandes perjudicados por esa tasa digital, ya que el coste del impuesto será transferido a las compañías usuarias de los servicios gravados, que trasladarán una parte al precio final que paga el cliente final. En función de la variación de la cantidad demandada de productos y servicios ante una variación en el precio, una parte del coste lo asumirán los consumidores, a través del precio, y el resto el propio vendedor, como un incremento del coste.
De esta forma, el informe estima que las empresas españolas usuarias de los servicios digitales verán reducidos sus beneficios entre 450 millones y 562 millones de euros, sumando el incremento del coste de uso de plataformas y marketing online y la disminución de las ventas por el traslado de parte del precio al cliente final.
Este efecto en el beneficio de las empresas españolas tendrá una repercusión económica negativa de entre 586 y 662 millones de euros sobre el PIB nacional, según PwC. Asimismo, como resultado colateral, la introducción de este impuesto tendrá un impacto neto negativo sobre la recaudación del IVA, debido a la disminución de la facturación.
Efectos sobre la economía
La digitalización de las empresas es fundamental para garantizar la competitividad de la economía española en el medio y largo plazo y sobrevivir en un contexto globalizado. Además, es una oportunidad para la modificación sustancial o la creación de nuevos procesos de negocio que permitan a las pymes españolas crecer de forma más rápida y sólida, y abordar nuevos segmentos de clientes, según el informe.
Según PwC, un incremento del 10% en el índice de digitalización de un país supone un crecimiento del 0,75% en el PIB per cápita y reduce un punto porcentual la tasa de desempleo. Lastrar el proceso de digitalización con un impuesto digital impedirá estos potenciales beneficios que las tecnologías digitales pueden proporcionar a España en términos de productividad.
Con todo, la tasa Digital tendrá un efecto distorsionador sobre el mercado, creando ventajas competitivas de determinadas empresas sobre otras. El impuesto perjudicará a las compañías más digitalizadas que utilicen plataformas de terceros para vender o anunciar sus productos −principalmente pymes, por el menor coste−. Estas pymes se verán, por un lado, perjudicadas al exportar, ya que pagarán al menos la mitad del impuesto, funcionando como un arancel a la exportación. Por otro lado, en el mercado doméstico pagarán el impuesto completo, quedando en desventaja competitiva respecto a los importadores extranjeros, que pagarían solo la mitad, incentivando así la importación.
Las plataformas online de intercambios de productos y servicios (marketplaces), bien entre empresas (B2B) o de empresas a consumidores finales (B2C), son una de las actividades que se verán afectadas por este impuesto, porque han encontrado en los servicios digitales una solución asequible para que las empresas de menor tamaño, de reciente creación o startups realicen la venta online de sus productos sin necesidad de desarrollar una plataforma propia.
Asimismo, los marketplaces facilitan la internacionalización de las pymes, permitiendo expandir su mercado fuera del territorio nacional. El IDSD también afectará a las plataformas de intermediación para el intercambio de bienes o
Fuente: El País