Abengoa ha convocado junta extraordinaria de accionistas para aprobar un split o desdoble de acciones, que convertirá en 10 acciones nuevas cada una de las antiguas. Los propietarios históricos de Abengoa, las familias agrupadas en la sociedad Inversión Corporativa (dominada por los Benjumea) ahora diluidas hasta el 3% del capital, habían solicitado la junta ante el cambio de mínimo de cotización fijado por BME, y la empresa ha accedido a la convocatoria. Eso sí, ha especificado que la propuesta del split no procede del consejo de administración sino de los accionistas que pidieron la junta.

La sociedad gestora de la Bolsa aprobó el 30 de julio modificar el precio mínimo de una acción, de 0,01 a 0,001 euros. Abengoa cotiza a 0,01 euros; dado que es el mínimo, no puede bajar más. Algo que cambia con el nuevo límite fijado por la Bolsa. En caso de aprobarse el split, Abengoa volverá a la misma situación, solo que los inversores, en lugar de tener una acción cotizando permanentemente a 0,01 euros (porque no puede bajar más), tendrán 10 a 0,001.

La participación de cada uno en la compañía será la misma, pero la valoración quedará, al menos sobre el papel, protegida. Dado que el precio está limitado, hoy por hoy apenas se intercambian acciones de Abengoa. El valor cotiza al precio mínimo admitido desde 2015, en el marco de una caída que ha estado a punto de sumirla en concurso de acreedores.

La propuesta también incluye solicitar a BME la suspensión temporal de cotización de ambos tipos de Acciones de la compañía hasta que pueda hacerse efectivo el split, evitando así que la valoración baje del nivel actual. La junta se celebrará el 2 de octubre (en segunda convocatoria) en Sevilla.

Los Benjumea habían solicitado la convocatoria de la junta para el 28 de septiembre (se requiere un mes de antelación para las convocatorias, según la ley de sociedades de capital).  Celebrar la junta antes del 28 de septiembre, sostienen, es “clave para defender el valor de la acción y frenar una nueva oleada de especulación de fondos de inversión y otras entidades que supondría el fin de nuestra inversión en la sociedad”. “Si no se puede adoptar una solución, el Consejo de Administración sería responsable de la pérdida patrimonial que esta medida de BME pudiera ocasionar en el valor de la acción”, aducen.

Fuente: Cinco Días