España es junto a Turquía y Chipre, uno de los países de la OCDE donde más cambios se producen en los altos niveles de la Administación Central cuando se produce un cambio de Gobierno, según han recordado este lunes desde Fedeca, la asociación que representa a los cuerpos superiores de la administración. «Todos los Gobiernos, sea cual sea su color político, necesita directivos en las administraciones públicas en quien confiar, pero lamentablemente es muy frecuente ver que con cada cambio de gobierno se producen ceses indiscriminados y cambios de responsables de la función pública que no responden a causas objetivas», aseguran desde esta organización, donde figuran los inspectores de Hacienda, los abogados del Estado, Técnicos comerciales y economistas del Estado, entre otros.
Jordi Solé. EL PAÍS Por eso, Jordi Solé, presidente de Fedeca, ha presentado este lunes su propuesta de Estatuto del directivo público como herramienta contra el «dedazo» y para dotar de más independencia la labor de estos funcionarios. Se trata de una propuesta abierta para que los partidos políticos puedan hacer sus aportaciones durante la negociación. «Nos gustaría que fuese el Gobierno el que lo impulsara», sostiene Solé, que apunta que prevén que su aplicación sea «gradual» y se vaya extendiendo poco a poco por el resto de subsectores de la administración pública, como las comunidades autónomas, ayuntamientos…
Solo para directores generales
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La propuesta cuenta con nueve puntos destacados. Fedeca plantea que el Estatuto determine de forma clara el concepto, funciones y clases de los directivos públicos. Solé ha especificado que habrá que separar los niveles políticos (secretarios de Estado y subsecretarios) de los niveles administrativos. También ha remarcado que por debajo de subdirectores no se consideraría alto directivo de la administración. Así que practicamente solo sería aplicable a los directores generales. En la Administración General del Estado hay unos 250 directores generales, aunque la asociación ha rehusado ofrecer una cifra concreta «porque no está cuantificado».
Otro de los puntos del Estatuto que propone Fedeca consiste en regular el proceso de selección de directivos públicos. Aunque están abiertos a aceptar cualquier modelo se decantan por el implantado en Portugal, impuesto por Bruselas tras el rescate. Este consiste basicamente en un organismo independiente (Comissão de Recrutamento e Selecção para a Administração Pública), cuya misión es la de reclutar y seleccionar los candidatos de la dirección superior de la Administración estatal. «Una vez finalizado el proceso de selección, una propuesta con tres candidatos al órgano de designación. El candidato finalmente nombrado dispone de un período de desempeño de 5 años», señala el documento de Fedeca.
Extender el mandato
Otro de los requisitos propuestos por esta asociación pasa por establecer unos requisitos previos que debe cumplir el personal para acceder a este puesto. Además, defienden la idea de extender el mandato, al menos hasta los cinco años, un periodo superior al ciclo político para reforzar la independencia. Este mandato podría ser prorrogable previa evaluación de su desempeño en función de los objetivos de su puesto.
Entre las demandas de esta asociación también figura reconocer un régimen retributivo con una parte variable que «sea una cantidad significativa, en torno al 30% en función del cumplimiento de los objetivos. «Este sistema debe estimular el rendimiento y la calidad y permitir atraer a los mejores», señalan.
Los funcionarios tendrán que negociar con los partidos políticos todos los extremos de su propuesta. De momento, solo han podido trasladar su propuesta
Fuente: El País