Los despachos de abogados, que son muchos, que están pleiteando contra la resolución de Banco Popular y ya por extensión contra su ampliación de capital de 2016 e incluso de 2012 (algunos abogados están analizando incluso presentar demandas contra las cuentas del banco desde 2008, fecha de la fusión de sus filiales regionales) se pusieron las botas el pasado jueves.

Las jugosas declaraciones tanto del expresidente de Banco Popular desde 2004 hasta febrero de 2017, Ángel Ron, y las de su sucesor, Emilio Saracho, hasta el 6 de junio de 2017 ( fecha de la intervención de la entidad), avivan los ya extensos argumentarios de los letrados que pleitean contra Popular.

Y es que tanto Ron como Saracho no dejaron títere con cabeza. Aprovecharon su paso el jueves pasado por la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera para, parece, que ajustar cuentas. Los dos expresidentes se enzarzaron en una serie de acusaciones sobre la contabilidad y manipulación de la acción de Popular, que más parecía un careo judicial que una comisión en el Congreso.

Los argumentos de los dos banqueros estaban claramente preparados y reposados, pese a que algunas de sus declaraciones pueden conllevar implicaciones penales, en caso de demostrarse su veracidad. Aunque Ron y Saracho eran totalmente conscientes de lo que decían y por qué lo decían. Sabían que todo lo que declararan no solo podía ser utilizado en su contra en la Audiencia Nacional, sino que podía dar alas a nuevos pleitos y, además, sus declaraciones en la comisión pueden ser causa de delito si se demuestra que alguno de los dos mintió. Las comparecencias en el Congreso no están penalizadas aunque se demuestre que se mienta, otra cosa son las declaraciones en una comisión de investigación parlamentaria, como es el caso.

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Los dos directivos ya habían hablado previamente con algún que otro miembro de la comisión, con lo que ya conocían a que se enfrentaban, y sabían a grandes rasgos lo que se les iba a preguntar y lo que suponía un falso testimonio.

De momento, los diputados presentes en la comisión de investigación dieron más veracidad, según dijeron públicamente el jueves, a las declaraciones de Emilio Saracho (quien se emocionó al describir el último día de vida de Popular) que a las de Ángel Ron. Aunque no será hasta que no finalicen las comparecencias de la comisión de investigación, lo que ocurrirá en septiembre, cuando los grupos políticos presenten sus conclusiones y propuestas finales.

La presidenta de esta comisión, la diputada por Coalición Canaria, Ana Oramas, hará un informe con las conclusiones comunes, mientras que cada grupo político realizará un escrito en el que incluyen sus discrepancias, y su voto particular. Este conjunto de conclusiones se votará en un pleno en el Congreso previsiblemente en noviembre.

Las conclusiones de esta comisión, que sobre todo investiga la de las cajas de ahorros, se darán a conocer inicialmente antes de que se abra la causa por parte de la Audiencia Nacional, que investiga la resolución y contabilidad de Banco Popular. Abogados consultados por este periódico aseguran que hay munición para demostrar gran parte de los argumentos de las querellas presentadas. Tampoco se descarta que engorden las demandas que se presenten por la vía civil. De momento, no dudan en que estas declaraciones puedan ser usadas por el fiscal Antonio Romeral en el proceso que se investiga en la Audiencia Nacional.

Mientras, Emilio Saracho analiza si se querellará o no contra Ron por sus declaraciones en la comisión. Ron, según algunas fuentes, parece que también estudia con detenimiento el testimonio de Saracho. El que ha asegurado que no responderá a Ron por cargar contra su actuación en Popular, según siempre las declaraciones del expresidente del banco, es el inversor mexicano Antonio del Valle (fue consejero del banco, aunque en el momento de la quiebra le había sustituido su primo Jaime Ruiz, presidente de la patronal bancaria de México).

De Valle, que llegó a tener el 4% del capital de Banco Popular, lo que sí ha decidido finalmente es activar el procedimiento de arbitraje internacional contra España. Su objetivo es recuperar lo que invirtió junto a otro grupo de mexicanos, 470 millones de euros. La fecha clave es el domingo, 22 de julio, día en el que se cumplen seis meses desde que remitieron una misiva al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Al ser festivo es posible que este inversor active este arbitraje el día siguiente, lunes 23 de julio.

Las declaraciones del que fuera vicepresidente de JPMorgan están en línea con el expediente sancionador abierto por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Este extenso informe, fechado el 23 de mayo, cuestiona las cuentas de Popular de 2016, “por errores distintos de los referidos en el hecho relevante del 3 de abril de 2007, en los que se reexpresaron las cuentas); los créditos fiscales que puede aplicarse Banco Santander tras la resolución del banco; describe dudas sobre “si la información financiera de Popular del primer semestre de 2017 refleja la imagen fiel de su situación financiera patrimonial”; señala una serie de áreas donde se “han encontrado indicios de que su registro contable pudiera no ser el adecuado. Además, expone los procedimientos judiciales abiertos contra Popular y la propuesta de expediente sancionador a gran parte de la cúpula del banco con Ron de presidente.

Este expediente sancionador es consecuencia de haber presentado unas cuentas anules de 2016 “con datos inexactos, o no veraces o con información engañosa, o con que omite aspectos relevantes”.

La propuesta de expediente sancionador recae en Ron, Pedro Larena, Francisco Aparicio Valls, Roberto Higuera, José María Arias, Jorge Oroviogoicochea, Javier Moreno y Francisco Gómez. 

Fuente: Cinco Días