Los bancos están expectantes. El Tribunal Supremo decidirá el próximo lunes quién debe cargar con el impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD) en la firma de una hipoteca: si el que solicita el préstamo o quien lo ofrece. Ante una sentencia que puede hacer temblar al sector financiero español, Moody’s ha elaborado tres escenarios en los que cuantifica el impacto de una u otra decisión. Si el alto tribunal decidiera que las entidades deben pagar los impuestos ligados a las hipotecas firmadas en los últimos cuatro años, el coste para sería de 2.300 millones de euros, según calcula la agencia de calificación.

MÁS INFORMACIÓN

“Pese a la incertidumbre sobre la decisión final del Supremo, es muy posible que esta sea negativa para el crédito de los bancos en cualquiera de los escenarios”, comienza Moody’s su análisis.

La agencia considera que lo más probable es que los bancos acaben pagando por las hipotecas firmadas a partir de ahora. En este caso, los efectos negativos se contendrían. El punto de referencia serían los 640 millones anuales que recauda el impuesto de AJD. «Tendría un efecto muy limitado en la rentabilidad de los bancos, porque tienen muchas vías para traspasar el coste adicional de los préstamos a los clientes”, añade la nota de Moody’s.

Los daños empezarían a ser muy importantes si el Supremo extendiera la obligación de pagar por todas las hipotecas firmadas en los últimos cuatro años, periodo en el que no prescriben los impuestos: 2.300 millones. Esta cantidad es, según Moody’s, “sustancial, pero aún manejable”. Tampoco está claro que en este escenario el pagador final no acabara siendo la Hacienda en lugar de los bancos, ya que estos cumplieron con la norma vigente al no pagar el impuesto esos años.

Moody’s vislumbra una posibilidad aún peor para el sector financiero: que se le obligue a asumir los impuestos de hipotecas firmadas antes. Si tuvieran que devolver las cantidades pagadas por los deudores entre 2004 y 2018, el coste para la banca alcanzaría los 16.500 millones de euros.

El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, reconoció el martes en la Cadena Ser “cierta ralentización” en la firma de hipotecas después de que el Supremo pospusiera su decisión al 5 de noviembre.

Roldán dijo que no esperaba la sentencia, que calificó de sorpresa absoluta. “Radicalmente no”, respondió a la pregunta de si la banca había llamado al Supremo para presionar. El presidente de la AEB insistió en que el sector cumplía la normativa fiscal existente, y que los cambios tributarios no pueden tener efectos retroactivos.

¿Repercutirán los bancos el impuesto si tienen que pagarlo? Roldán respondió que la banca es como cualquier industria, donde si aumentan los costes habrá que pensar a qué precio puede vender ese producto. De todas formas, añadió que en la práctica dependerá de la política comercial de cada entidad y de la competencia en el sector, que es “enorme”, aseguró.

José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia, defendió la “buena fe” de la banca en la gestión del impuesto de AJD. Añadió que en su pago no cabe la retroactividad.

Fuente: El País