Las empleadas de hogar componen uno de los sectores más precarios del mercado laboral español. Hay bastante economía sumergida, sueldos bajos y cotizaciones más bajas. Eso se traduce, cuando llegan a la jubilación, en pensiones más bajas: la media son 521 euros, la mitad que la del conjunto del sistema, que en el 65% de los casos necesitan un complemento para poder llegar a una prestación mínima porque lo cotizado no dio para una pensión que alcanzara ese umbral, según recoge un informe de la Fundación Alternativas a partir de datos de la Seguridad Social.
El foco del estudio, elaborado por Arantxa Zaguirre, se centra en las 616.900 personas, que según los datos de la encuesta de población activa se dedican a esta actividad. Para hacerse una idea del tamaño de la economía sumergida en el sector se contrapone el dato del INE con la cifra de cotizantes en esta rama: 410.634. Es decir, el 33,4% de quienes trabajan por cuenta ajena en hogares, no cotizaría ni, en consecuencia, tienen los derechos que se generan por ello.
Pero la situación se agrava, explica Zaguirre, por la propia regulación del sector. Las trabajadoras de hogar tienen un régimen de cotización especial en el que no se paga por el seguro de desempleo. Y esta es la primera demanda del estudio.
También reclama que se elimine como causa de extinción del contrato la causa del “desistimiento del empleador”. “Es un auténtico despido sin causa”, señala el estudio de Alternativas.
Un elemento que aporta Zaguirre es que las diferencias que hay entre el sistema de cotización de las empleadas de hogar y el régimen general provoca una “discriminación inderecta”, ya que la gran mayoría de trabajadores del sector son mujeres. Este argumento, que se creó jurídicamente en Estados Unidos en 1971, ha sido esgrimido en los últimos años por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en varios casos sobre prestaciones contradiciendo lo que dictaban las normas españolas.
Entre las propuestas que pone sobre la mesa para reparar la situación, el estudio cita en primer lugar la reclamación más extendida en el sector: que España ratifique el convenio 189 de la Organización Internacional de Trabajo que supone acercar las condiciones de trabajo y cotizaciones de las empleadas de hogar a las del régimen general, el de los asalariados. Esto llega al siguiente punto, un diseño de «una prestación de desempleo adecuada y suficiente para proteger a estos trabajadores en situaciones paro involuntario».
Ante el encarecimiento para los empleadores que puede suponer acercar el régimen de hogar y el general, Zaguirre pide que se bonifique con dinero público para aminorar el impacto que puede suponer este aumento de coste.
Otra de las propuestas que pone sobre la mesa es el estudio de un sistema como el francés en que hay un cheque servicio que los empleadores adquieren y con el que se abona tanto el salario como las cotizaciones. Este sistema simplifica los trámites y permite «obtener deducciones fiscales dependiendo de la edad, nivel de discapacidad y nivel de ingresos del empleador».
Fuente: El País