Nuevos síntomas de desaceleración de la economía española. La senda descendente que había registrado la morosidad empresarial desde el último trimestre de 2011 se rompió en el último trimestre de 2017 y ya acumula tres trimestres al alza hasta registrar un plazo medio de pago de facturas entre compañías de 88,16 días, cuando el límite legal está fijado en 60 días.

Esa es la principal conclusión del sexto análisis del comportamiento de pagos empresarial, elaborado por Informa D&B, filial de Cesce, que también incluye una encuesta a 1.400 compañías, en la que justifican el repunte de la morosidad por las dificultades para acceder al crédito. Un 38,01% de las firmas achacan el mayor retraso en los pagos a los problemas financieros, mientras que un 29,8% lo justifica por problemas administrativos y un 22,96% a retrasos intencionales. Precisamente para evitar esa tendencia de no pagar a los proveedores y así ganar liquidez, cerca de la mitad de los encuestados abogan por el establecimiento de un régimen sancionador que imponga multas a las empresas que no cumplan la ley. Este sistema, diseñado por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, un organismo privado que representa a 1,5 millones de empresas, fue incluido en una proposición de ley de refuerzo de la lucha contra la morosidad, que finalmente no pudo salir adelante al estar el gobierno en funciones. Lo que proponía era un listado de sanciones graduado en función del volumen del impago, la reiteración y el retraso que acumularan las empresas, con un techo de 820.000 euros.

Otras medidas que proponen las empresas encuestadas para atajar la morosidad es obligar a las empresas a publicar sus plazos de pago reales (un 15,12% así lo apunta), fijar servicios de mediación (13,79%), redactar códigos de conducta sectoriales (13,53%) o incrementar la formación de los empresarios en la gestión de los cobros a otras firmas (11,67%).

Las compañías piden un régimen sancionador para cumplir con la ley

El informe muestra las grandes diferencias entre compañías a la hora de pagar sus facturas, tanto por su tamaño o la ubicación de su sede social. En primer lugar resalta que las microempresas y las empresas pequeñas “pagan con mayor puntualidad que las empresas de mayor tamaño”. De hecho cerca de la mitad de las firmas más pequeñas pagan sus facturas cuando se emiten, mientras que en el caso de las de mayor tamaño (más de 250 empleados) ese porcentaje apenas llega al 12%. Pese a ello, solo un 3% de esas grandes firmas incumple el plazo legal de pago.

La ubicación de la sede social también es determinante para que los plazos de pago sean mayores o menores, lo que el estudio denomina como “dicotomía entre norte y sur”. De esa manera define la brecha entre las regiones del norte, en las que se sitúan Asturias, País Vasco, La Rioja, Navarra o Aragón, en las que el retraso medio en el pago no supera los 10 días, mientras que en las del sur, entre ellas Andalucía, Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha o Canarias, ese plazo puede llegar incluso a duplicarse. Por sectores, el comercio y la industria son los que mejor pagan y la hostelería el que más tarda.

La brecha entre Holanda y Portugal

Media. El retraso medio en el pago entre empresas en los nueve países europeos analizados se sitúa en 13,30 días, con fuertes diferencias por naciones.

Portugal. Ocupa la primera posición entre los países que peor pagan, con un retraso de 31,01 días, que más que duplica la media. Este indicador se disparó en el último trimestre de 2018, cuando pasó de 26,25 a 31,01 días en tan solo tres meses.

Holanda. Ocupa la primera posición entre los que mejor abonan sus deudas comerciales, con un retraso de tan solo 3,88 días. Se trata de la cifra más baja registrada de la serie histórica de este estudio, que arrancó en 2010, y es la primera vez en la que este indicador baja de 4 días. Ya a cierta distancia aparece Alemania, con un desfase de 6,8 días.

Fuente: Cinco Días