Antonio Béjar, expresidente de Distrito Castellana Norte, la empresa que se encarga de la llamada Operación Chamartín y que está controlada por BBVA, no deberá presentar finalmente fianza en el caso Villarejo, donde está imputado junto a otros directivos y exdirectivos de la entidad.

La Fiscalía Anticorrupción, que el viernes había pedido que depositara 500.000 euros para permanecer en prisión, ha retirado la petición después de que durante cerca de tres horas Béjar explicara en la Audiencia Nacional el contenido del material informático que se destruyó supuestamente por indicación suya y aportara documentación sobre la remisión a sus superiores en septiembre de 2018 de la información que su departamento poseía sobre los contratos con el comisario actualmente encarcelado, según fuentes jurídicas. No obstante, Béjar, que fue cesado por el BBVA el pasado viernes de su puesto en Distrito Castellana Norte y se convirtió así en la primera víctima del caso Villarejo dentro del BBVA, permanece imputado. Precisamente, el Ayuntamiento de Madrid ha dado hoy luz verde a la macroperación inmobiliaria de esta entidad, la llamada Operación Chamartín.

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El ya expresidente de Distrito Castellana Norte es uno de los ocho directivos del BBVA imputados en la pieza separada del caso Villarejo. En concreto, en la número 9, en la que se investigan los trabajos supuestamente ilícitos que el banco encargó al comisario jubilado. Béjar, directivo muy cercano al expresidente Francisco González, fue el único de los ocho que cuando fueron citados por el juez García-Castelló a principios de julio no se acogió a su derecho a no declarar. Lo hizo de manera muy breve y respondiendo únicamente a las preguntas de su abogado. Entonces, negó cualquier irregularidad en su actuación y recalcó que la entidad contrató a la empresa de Villarejo, Cenyt, entre 2010 y 2013 pero que lo hizo para indagar en el patrimonio de clientes morosos con la entidad y para hacer otras tareas de inteligencia que también se contrataban con otras compañías.

Sin embargo, el pasado viernes Béjar fue citado de nuevo a declarar. En esta ocasión, el interrogatorio se centró en buena parte en la supuesta destrucción de material informático –dos discos duros y 19CD- que presuntamente encargó realizar una empresa especializada desde la empresa que presidía, Distrito Castellana Norte, encargada de la llamada Operación Chamartín y que está controlada por BBVA y la constructora San José. En aquella declaración, el directivo insistió en que las sociedades del comisario eran un proveedor más de la entidad y se ofreció a comparecer este lunes para aportar pruebas de que él no había destruido ningún tipo de información.

En la comparecencia, de cerca de tres horas, Béjar ha explicado el contenido del material informático destruido y detallado que en septiembre de 2018, cuando el caso Villarejo salpicó al BBVA, la entidad financiera reclamó a todos los departamentos, incluido el suyo, toda la información que tuvieran sobre los encargos al comisario jubilado. Según fuentes cercanas al caso, este lunes ha aportado, entre otros documentos, los correos electrónicos en los que remitía a sus superiores la documentación que se le reclamaba. Tras analizar los datos, la Fiscalía Anticorrupción ha retirado la petición que había hecho el viernes de 500.000 euros de fianza y Béjar ha quedado sin medidas cautelares, pero sigue imputado.

La policía tomó declaración hace unos días a los informáticos de Distrito Castellana Norte para averiguar si el material que se destruyó era de Antonio Béjar. La destrucción de estos datos había levantado la sospecha de los investigadores, ya que, como adelantó EL PAÍS, se había producido el pasado 25 de junio, días después de que el juez reclamara documentación al BBVA y pocos antes de que el propio Béjar declarara por primera vez. Distrito Castella Norte aseguró entonces, a preguntas de este diario, que el material no tiene relación con el caso y la entidad financiera declinó hacer comentarios.

Fuente: El País