El Pleno del Parlamento Europeo dio este miércoles su visto bueno a la nueva directiva sobre derechos de autor, incluidos sus artículos más polémicos, en un segundo intento después de que fuera rechazada dos meses antes por los eurodiputados.
Tras el visto bueno de la Eurocámara se abre el periodo de negociaciones con el Consejo de la UE, antes de que sea aprobada formalmente. El artículo 11 de la directiva otorga a los editores de prensa el derecho renunciable a reclamar compensaciones por compartir sus artículos o fragmentos de los mismos en plataformas digitales como Facebook o Twitter. Los editores podrán reivindicar este derecho durante un periodo de 20 años, según la postura de la Eurocámara.
Por su parte, el artículo 13 obliga a gigantes como Google, Facebook o Youtube a controlar que los contenidos que comparten sus usuarios no infringen derechos de autor. En concreto, los “proveedores de servicios de intercambio de contenidos en línea” tendrán que adoptar “medidas adecuadas y proporcionadas” para garantizar “el correcto funcionamiento de los acuerdos” alcanzados con los titulares de derechos para el uso de sus obras. Si no existen tales acuerdos, las plataformas digitales tendrán que actuar para asegurar “que no se compartan ni estén disponibles aquellas obras o trabajos que puedan infringir derechos de autor”.
La Comisión Europea celebró la aprobación y destacó que está preparada para comenzar las negociaciones con la Eurocámara y el Consejo para que la directiva pueda estar aprobada “lo antes posible, a finales de año”.
El vicepresidente del Ejecutivo comunitario para el Mercado Unico Digital, Andrus Ansip, y la comisaria de Economía y Sociedad Digitales, Mariya Gabriel, destacaron que el objetivo es conseguir “beneficios tangibles para ciudadanos, investigadores, artistas, la prensa y las instituciones culturales de la UE”.
No opinan lo mismo asociaciones de interanutas y empresas de base tecnológica. La patronal AMETIC lamentó que se haya desaprovechado una oportunidad para lograr el equilibrio entre los derechos de autor, los de los ciudadanos y las empresas innovadoras, que rechazaron la directiva.
Fuente: Cinco Días