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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sanciona a 15 empresas, entre ellas algunas de las constructoras españolas más importantes, por formar varios cárteles para repartirse concursos públicos de infraestructura ferroviaria de Adif por valor de más de 1.000 millones de euros durante 14 años. Entre todas deben hacer frente a una multa de 118 millones de euros, que se reparten entre Cobra (ACS), Elecnor, Siemens, Semi (ACS), Inabensa (Abengoa), Alstom, Cymi (ACS), Isolux, Electren (ACS), Comsa, Indra, Neopul (Sacyr), Telice, Eym (OHL) y Citracc. Además, los 14 directivos responsables han sido sancionados con 666.000 euros, y sus nombres y apellidos aparecen en el expediente. El procedimiento se inició a partir de la información aportada por Alstom, que se acogió al Programa de Clemencia, es decir, que se chivó del pacto ilegal que habían hecho las empresas, y por tanto se librará de pagar su parte de la sanción.
Esta sanción aporta una importante novedad: la CNMC activa, por primera vez, el procedimiento para la prohibición de contratar con la Administración. Se trata de una posibilidad que le otorga la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y que permite a Competencia, entre las sanciones que impone tras un expediente, pedir que se prohíba la participación de la empresa infractora en futuros contratos públicos con la Administración (cualquier contrato público) hasta tres años. Esto sería un golpe muy duro contra las constructoras implicadas en el cártel, aunque solo afectara a sus filiales.
Sin embargo, ese veto todavía no es ni mucho menos firme: la resolución debe aprobarla la Junta Consultiva de Contratación Administrativa y las empresas pueden interponer recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional. La vía judicial puede alargarse durante años. De prosperar, el periodo de prohibición para participar en concursos públicos se especificaría en la sentencia y, de no hacerlo, correspondería a Hacienda fijarlo.
Según la CNMC explica este miércoles, las 15 empresas sancionadas se repartieron de manera ilícita los concursos públicos convocados por la empresa pública Adif relacionados con infraestructuras ferroviarias (sistemas de electrificación y electromecánica) para las líneas de tren convencional y alta velocidad. Durante 14 años, estas empresas crearon cárteles para falsear la competencia en los concursos públicos para el AVE y del tren convencional. Uno, para repartirse la construcción, suministro, instalación y mantenimiento de sistemas de electrificación de líneas ferroviarias de alta velocidad; otro, para el mantenimiento de los sistemas de electrificación en líneas de tren convencional; y un tercero para repartirse los concursos públicos y privados para la construcción, suministro, instalación y mantenimiento de equipos electromecánicos en las líneas de alta velocidad.
Trabajos de mantenimiento en las vías cerca de la Gare de l’Est de París, el 21 de febrero. JOEL SAGET AFP Primer cártel: reparto a través de las UTE
En el primero de los cárteles identificados por Competencia, para mantenimiento y electrificación del AVE, los hechos acreditados indican que 13 de estas empresas (Cobra, Siemens, Elecnor, Semi, Inabensa, Alstom, Isolux, Cymi, Comsa, Electren, Neopul, Citracc, y Eym) adoptaron acuerdos para el reparto de 24 licitaciones durante ocho años (2008-2016). El importe total de los contratos adjudicados al cártel asciende a 837 millones de euros.
Los acuerdos en ese cartel fueron evolucionando a lo largo del tiempo en función de las licitaciones que se iban produciendo y de las empresas que participaban de la estrategia. Son de destacar los denominados acuerdos que llaman micro-macro, en virtud de los cuales las empresas pactaron el reparto a partes iguales en facturación y margen de varias licitaciones a través de la constitución de diversas Uniones Temporales de Empresas (UTEs). La estrategia consistía en que dichas uniones —cuya formación era previamente acordada entre las empresas— que fuesen adjudicatarias de los contratos cederían un importe de la producción y margen de beneficio a las no adjudicatarias, que presentarían ofertas de cobertura o acompañamiento no ganadoras para simular concurrencia competitiva.
Segundo cártel: las empresas se sortean las obras
El segundo de los cárteles, creado para la electrificación del tren convencional, operó durante 14 años (mayo de 2002 hasta noviembre de 2016). Los hechos acreditados indican que las 10 empresas que crearon este cártel (Elecnor, Cobra, Semi, Inabensa, Cymi, Alstom, Electren, Siemens, Telice y Eym) adoptaron acuerdos en relación con, al menos, 239 licitaciones, de las que 173 resultaron finalmente adjudicadas y ganadas por empresas del cártel, con un importe total repartido entre las empresas de 134 millones de euros.
Los primeros hechos que acreditan la existencia de una estrategia de reparto en los concursos en líneas de tren convencional se remontan al año 2002. En ese momento los directivos de las principales empresas del sector suscribieron un acuerdo para repartirse todas las licitaciones que fueran convocadas por Renfe para el mantenimiento de las subestaciones eléctricas en las líneas de tren convencional. El acuerdo, entre otras cuestiones, preveía un método de reparto de las licitaciones mediante un sorteo para establecer el orden de adjudicación de los contratos, al que las empresas denominaron «ranking».
Las empresas también tenían previstos mecanismos de compensación entre ellas. De esta manera las que no eran adjudicatarias de los contratos se aseguraban un porcentaje de un 6% sobre la cifra de contratación a repartir a partes iguales. Los acuerdos se mantuvieron estables durante todo el tiempo como consecuencia, entre otros motivos, de la facilidad de las empresas para adaptarse a las circunstancias sobrevenidas y a los cambios en las licitaciones realizados por Adif.
Tercer cártel: menudeo de contratos
En el tercer cártel, creado para el reparto de concursos públicos y de un concurso privado para la construcción, suministro, instalación y mantenimiento de equipos electromecánicos en las líneas de alta velocidad, durante tres años (2013 a 2015), Alstom e Indra, con independencia de la complementariedad de sus tecnologías que ha justificado la constitución de UTEs acordaron en ocasiones repartos de licitaciones de menor cuantía o complejidad. Para ello, presentaban ambas ofertas, si bien una de ellas era de acompañamiento o de cobertura, con el compromiso de que la eventual empresa adjudicataria subcontrataría a la no adjudicataria. En 2015 se sumó a tales prácticas Elecnor.
Estas empresas han adoptado acuerdos para el reparto de, al menos, siete contratos con un presupuesto de licitación de 84 millones de euros. Es de destacar los acuerdos previos de reparto entre las tres empresas para la subcontratación del proyecto relativo a la red ferroviaria de Noruega denominado follo line, que fue adjudicado por un precio de 60 millones de euros.
Chivatazo de Alstom y Siemens
Más allá del dinero con el que se multa a las empresas, la CNMC ha activado también el procedimiento para la prohibición de contratar con la Administración, por lo que se remite la resolución a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado a los efectos oportunos. No obstante, para que esa prohibición se haga efectiva la resolución ha de ser firme, tras pasar por los tribunales, proceso que puede alargarse años.
La CNMC ha decidido eximir del pago de la multa a Alstom Transporte, a su matriz y directivos, en su condición de solicitante de clemencia por un montante total de 8,9 millones de euros (8,8 millones a Alstom más 155.700 euros a sus directivos). Además, por el mismo motivo, se reduce en un 45% la multa correspondiente a Siemens y a su matriz (queda en 9,24 millones de euros). El programa de Clemencia de la CNMC consiste en reducir o eximir de la multa a la empresa o directivo que, habiendo participado en un cártel, aporte a la CNMC información sobre el mismo. El organismo que vela por la competencia tiene también un buzón para que sean los ciudadanos los que informen sobre este tipo de fraudes.
La CNMC recuerda que contra esta Resolución no cabe recurso alguno en vía administrativa, pudiendo interponerse recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Fuente: El País