El Pacto de Toledo ha recomendado vincular de nuevo las pensiones a la inflación y suprimir el llamado Índice de Revalorización de las Pensiones, la fórmula que ligaba las revalorización de las prestaciones al estado de las cuentas. En tanto que hubiese déficit en el sistema, este índice solo brindaba actualizaciones del 0,25%. Sin embargo, en los dos últimos años los Gobiernos del PP y del PSOE han revalorizado las pensiones por encima del 0,25%. Ante este nuevo escenario, en el que no se han tomado medidas alternativas que neutralicen el coste de las subidas con el IPC, la Autoridad Fiscal ha actualizado sus proyecciones sobre la evolución de la deuda pública. Y concluye que «la vinculación de las pensiones a la inflación supone una presión sobre el gasto, especialmente a partir de los años 30, como consecuencia de la jubilación de las cohortes del baby boom«. «A falta de medidas que la compensen, esta deriva implicaría un aumento en la deuda pública de unos 50 puntos de PIB en 2048», afirma la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el organismo impuesto por Bruselas para velar por las cuentas públicas.
Con el Producto Interior Bruto de 2018, estos 50 puntos de PIB suponen más de medio billón de euros. Con el PIB de 2048, lógicamente la cifra será muy superior.
En un escenario en el que se mantienen igual las políticas y se tiene en cuenta el incremento del gasto por el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, la deuda en porcentaje de PIB se estabilizará en el entorno del 90% del PIB hasta el año 2030. A partir de ahí, la deuda irá tomando una senda alcista y podría situarse en el entorno del 130% del PIB en 2048, muy lejos del 60% que exige el Pacto de Estabilidad europeo y de unas cifras que los mercados consideren sostenibles. En este escenario inercial, los saldos de las cuentas del resto de Administraciones se mantendrían igual que están ahora.
En un anterior informe que la Autoridad Fiscal preparó sobre las pensiones, el organismo ya alertó de que con el mantenimiento del poder adquisitivo el gasto en pensiones anual aumentará desde el 10,6% del PIB actual hasta el 13,4%. Unos 30.000 millones de euros más con el PIB de hoy. De haberse mantenido el 0,25% de revalorización, el gasto se hubiese quedado en el 11,3% del PIB, explicaba el informe que la Airef remitió al Pacto de Toledo. Todas estas previsiones suponen que se mantiene el llamado Factor de Sostenibilidad, que aprobó el PP en 2013 y que ligaba el cálculo de la pensión inicial a la esperanza de vida. Es decir, cuanto más aumente esta, la pensión inicial será más baja porque se entiende que el pensionista estará durante más tiempo cobrando una prestación. En sus últimos Presupuestos, el PP pactó con el PNV posponer a 2023 la entrada en vigor de este factor de sostenibilidad.
Los escenarios más optimistas
No obstante, pese a estos abrumadores números, el informe de la Autoridad Fiscal da también cifras para la esperanza. En un escenario en el que el resto de sectores de la Administración tomasen medidas para eliminar su déficit estructural, entonces la deuda podría estabilizarse por debajo del 75% del PIB incluso asumiendo el aumento del gasto ocasionado por ligar las pensiones al IPC. No obstante, «este escenario implica la generación de saldos primarios muy exigentes desde una perspectiva histórica», admite el organismo que preside José Luis Escrivá. En concreto, supone que durante unos treinta años las Administraciones mantengan el estado de las cuentas que tuvieron en los cinco años de la burbuja. Por tanto, dado que no se contará con el boom de ingresos que alimentó la burbuja, esta proyección conllevaría que se adoptasen más medidas para reforzar las cuentas públicas.
Dicho esto, en un supuesto en el que se hiciesen reformas que mitigasen el impacto del envejecimiento, entonces la deuda convergería hacia el 60% del PIB desde el 97% que se registra en la actualidad, dice el documento del Observatorio de Deuda de la Airef. El organismo ya explicó en su anterior informe que se podían aprobar reformas con un impacto acumulado similar al del abolido Índice de Revalorización de las Pensiones. En ese estudio, proponía dos iniciativas para neutralizar el fin de las revalorizaciones al 0,25%: una, alargar el periodo de cálculo de la pensión a 35 años de vida laboral desde los 22 de ahora. Y dos, hacer que la jubilación se produzca realmente a la edad legal de retiro, esto es, los 67 años. En estos momentos, la edad de jubilación efectiva se sitúa más bien cerca de los 64 años. En todos estos escenarios se considera que el crecimiento medio del PIB será del 1,6%. Al sumar la inflación llegará a un 3%. Y el coste de la deuda se situará en un interés del 3%, similar al que se abona en estos momentos.
En definitiva, el informe de la Autoridad Fiscal constituye, en el fondo, una llamada de atención para que en un contexto de elevada fragmentación política se tomen medidas que pongan en una senda de sostenibilidad las cuentas públicas.
Fuente: El País