La sentencia del Tribunal Supremo que confirma la condena a cuatro años y medio de prisión al expresidente de Bankia Rodrigo Rato por el escándalo de las tarjetas black implicará, casi con toda seguridad, su ingreso en la cárcel en los próximos días o semanas. El Código Penal solo contempla la posible suspensión de las penas de prisión iguales o inferiores a dos años.
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Será la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional, el tribunal que juzgó el caso sobre el uso indebido de las tarjetas para gastos de representación por parte de 65 consejeros y directivos de la extinta Caja Madrid, quien deberá decidir en una vista que deberá celebrar en cuanto tenga notificación oficial de la sentencia del Supremo (probablemente en los próximos días), cuándo entra en prisión el exvicepresidente económico del Gobierno y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional.
Rato, no obstante, tiene todavía una baza que le puede evitar, de forma provisional, el ingreso en la cárcel. Un posible recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, en caso de admitirse a trámite, podría dilatar el encarcelamiento del expolítico. El criterio habitual del alto tribunal es suspender de manera cautelar la ejecución de las penas de prisión de duración inferior a cinco años cuando admite los recursos de amparo, circunstancia que ocurre en una ínfima proporción de casos. Eso sucedió, por ejemplo, con los condenados firmes por el asalto ultraderechista a la sede de la Generalitat de Cataluña en Madrid en el año 2013. El Constitucional suspendió las penas de los condenados, que alcanzaban casi cuatro años de cárcel.
Rato se enfrenta ahora a un proceso similar al que vivió Iñaki Urdangarin, esposo de la infanta Cristina, el pasado junio, tras ser condenado en firme a cinco años y diez meses de cárcel por el caso Nóos. Después de que el Supremo emitiera su sentencia el 12 de junio, al día siguiente la Audiencia Provincial de Palma, que enjuició aquella causa de corrupción, citó a Urdangarin al día siguiente y le dio un plazo de cinco días para entrar en la prisión de su elección.
Fuente: El País