La Junta de Andalucía no podrá captar financiación en los mercados en 2020 por haber incumplido el objetivo de estabilidad, deuda pública y regla de gasto en el ejercicio 2018, cuando la Junta estaba en manos de la socialista Susana Díaz. Así se lo ha comunicado el Ministerio de Hacienda. La comunidad tendrá, por tanto, que recurrir al Fondo de Liquidez Autonómica y deberá acometer ajustes, dice la carta, un documento que el Gobierno envía a todas las comunidades que incumplen los objetivos presupuestarios, como establece la Ley de Estabilidad. El Ministerio de Hacienda está dirigido por quien en 2018 era la responsable de las cuentas del Ejecutivo andaluz, María Jesús Montero. 

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El Ministerio de Hacienda asegura que no quiere avivar la polémica abierta por la Junta de Andalucía, dirigida por el PP y Ciudadanos, que ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de “intervenir financieramente” a la comunidad. El Gobierno central enmarca la advertencia dentro del cumplimiento de la ley y niega que trate de bloquear la gestión del bipartito, como afirma la Junta. 

Para la Consejería de Hacienda andaluza esta decisión, comunicada al secretario general de Hacienda en una carta fechada el 5 de diciembre, implica una reversión de las medidas adoptadas en materia fiscal en el último año y de las previstas en los Presupuestos de 2020, así como la obligación de realizar recortes. El Gobierno andaluz recuerda que las cuentas de 2018 por las que se les penaliza fueron elaboradas por anterior Ejecutivo autónomo socialista. 

El ministerio niega que el contenido de la carta implique una intervención financiera, toda vez que no se cierran las vías de financiación a la Junta, que podrá seguir haciéndolo a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). “Andalucía cumplía los objetivos establecidos en la Ley de Estabilidad en 2017 y por eso se le autorizó, pero esos requisitos no se dan en 2018 y por eso no puede optar por esa vía”, explica el departamento que dirige Montero. «Financiarse a través de los fondos de liquidez autonómicos entra dentro de la normalidad y no implica una intervención de las cuentas públicas. Prácticamente todas las comunidades en un momento u otro, han estado en esta situación”, señala Hacienda.

La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria estipula que las comunidades autónomas en situación de incumplimiento deben presentar un Plan Económico Financiero en el que detallen cómo van a corregir los desfases. “Las comunidades son libres para determinar los ajustes que quieren realizar, desde el ministerio no se les obliga a que eliminen las rebajas fiscales o recorten en áreas concretas”, advierten.

El consejero andaluz de Hacienda, Juan Bravo, ha disipado el temor, propagado por su propio Ejecutivo, de que el plan de ajustes incluya recortes en sanidad o educación. “Este Gobierno no va a recortar nunca en educación, sanidad y dependencia, eso lo pueden tener seguro», ha afirmado en Canal Sur. El consejero ha dicho que aún queda margen para negociar y ha insistido en vincular la carta con un embate del Gobierno central a las políticas de la nueva Junta. 

En su época de consejera de Hacienda, la ahora ministra redactó el Presupuesto de 2017 y preparó el de 2018, que aprobó su sucesor, Antonio Ramírez de Arellano. Montero es objeto de diana constante por parte del Ejecutivo bipartito y de sus partidos, que impulsaron su reprobación en el Parlamento andaluz por hacerla responsable de “bloquear” la entrega a la comunidad de 1.350 millones de euros por las entregas a cuenta de la financiación autonómica y la recaudación del IVA.

Andalucía cerró el déficit del ejercicio de 2018 en el 0,41%. A lo largo de 2019 se declararon gastos sobrevenidos imputados a 2018, lo que hizo que el déficit definitivo de 2018 se fuera al 0,51% (813 millones), por encima del objetivo fijado del 0,4%. Esos gastos sobrevenidos se deben al cumplimiento de sentencias judiciales condenatorias contra el anterior Gobierno socialista. Entre ellas, la del retraso de las obras de la Línea 1 del Metro de Sevilla (167 millones de euros, incluidos casi 38 millones por intereses) y la del llamado caso Nevada, por el que la Junta fue condenada a pagar 165 millones de euros a un promotor inmobiliario por paralizar su centro comercial en Granada.

Para el anterior consejero de Hacienda, el socialista Ramírez de Arellano, la carta enviada por el Ministerio de Hacienda plantea “una cuestión técnica” que no implica ni la “intervención” de la comunidad, ni obliga a esta a hacer “recortes”, como ha dicho el actual Gobierno de PP y Ciudadanos. “Eso son excusas absurdas”, ha comentado. “No hay ningún peligro de liquidez. Es lo mismo que se ha hecho siempre cuando no se cumplen los requisitos para emitir deuda pública”.

Retraso en la recepción de la carta de Hacienda

La carta de Hacienda a la Junta está fechada el 5 de diciembre. Pero el Gobierno andaluz no se refirió a ella en las sesiones de aprobación de los Presupuestos autonómicos de 2020, celebradas el miércoles y el jueves de la semana pasada. Solo la ha dado a conocer este lunes. Desde la consejería alegan que el 5 de diciembre era el arranque del puente de la Constitución y la Inmaculada y que no llegó hasta el martes 10. Su remitente, el secretario general de Hacienda, no estaba ese día en la sede del departamento, por lo que su equipo tuvo conocimiento efectivo del contenido el miércoles.

«El consejero solo pudo estudiar el contenido y su repercusión entre el jueves y el viernes», señalan desde la consejería. «El jueves, el presidente de la Junta no sabía nada de la carta», aseguran. Desde el departamento que dirige Juan Bravo denuncian que el sistema elegido para la comunicación por parte del Ministerio no es el que se recoge en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. «La norma señala que debe haber un requerimiento previo», afirman.

Fuente: El País