Hacienda cumple con su amenaza y castiga a Murcia por incumplir de forma reiterada con el plazo máximo de pago a proveedores. Tras una larga serie de advertencias, el ministerio ha dado el pistoletazo de salida al proceso para retener fondos de financiación a la comunidad y asumir directamente el desembolso de las facturas que pendientes de abonar.

Ante un periodo medio de pago a proveedores de 75,98 días, según Hacienda, frente al máximo legal de 30, el ministerio ha decidido sacar la artillería que le proporciona la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Esta norma contempla la aplicación de medidas “preventivas, correctivas” y, en última instancia, “coercitivas», cuando las comunidades retrasen el pago a sus proveedores durante más de 60 días y la infracción se prolongue por más de dos meses.

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Aunque Murcia no haya sido la primera región en caer en el brazo correctivo por infligir las reglas sobre el periodo máximo de pago, esta medida solo se ha activado en contados casos. La misma suerte le tocó a Extremadura y Aragón (gobernadas por el PSOE) en 2016, cuando Cristóbal Montoro (PP) aún dirigía las riendas de la Hacienda pública con Mariano Rajoy al frente del Gobierno.

Las amenazas de Hacienda a Murcia por su morosidad viene de lejos. La primera advertencia que el ministerio envió al Gobierno autonómico fue en julio de 2016. En ella alertaba que la región había incumplido los periodos medios de pago en febrero y marzo y la avisaba de que podía enfrentarse a medidas correctiva. Tras varias comunicaciones posteriores, el ministerio ha decidido dar carpetazo al asunto: comunicó a la región que había infringido el plazo máximo de pago a proveedores en agosto y septiembre del año pasado —cuando tardó, respectivamente, 76,22 y 89,46 días en cumplir con las obligaciones contraídas con las empresas que le proporcionan bienes y servicios—, y estableció aplicar una retención de sus ingresos —en una cuantía aun por definir— y hacerse cargo directamente de los proveedores.

Murcia ya sabe bien qué significa que la Administración central meta las narices en sus cuentas. Gobernada en coalición entre PP y Ciudadanos y con el apoyo externo de Vox, es una de las regiones que todavía se financia exclusivamente a través del Fondo de Liquidación Autonómica (FLA). Esta línea de crédito barato que concede el Tesoro, activada para que las regiones que no cumplían con las reglas presupuestarias pudieran hacer frente a sus necesidades de financiación durante la crisis, cierra a las comunidades la posibilidad de buscar fondos en los mercados, les obliga a diseñar planes de ajuste y a proporcionar una minuciosa información sobre su tesorería, lo que supone un control más férreo del Madrid sobre sus cuentas.

El FLA también ha protagonizado uno de los últimos encontronazos entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía, también dirigida por PP y Ciudadanos. A finales del año pasado, Hacienda comunicó a la región, que había logrado volver a financiarse parcialmente a los mercados, que tendría que regresar al FLA por haber incumplido las metas fiscales (déficit, deuda y regla de gasto) que tenía establecidas para 2018. El Ejecutivo autonómico acusó entonces al Gobierno de Pedro Sánchez de querer intervenir la comunidad, y alegó que la responsabilidad del agujero la tenía Susana Díaz, que era quien gobernaba entonces la Junta. La actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fue hasta mediados de ese año la consejera regional responsable de velar por la estabilidad presupuestaria andaluza hasta mediados de año.

Fuente: El País