El ministro de Fomento, José Luis Abalos, ha propuesto a los gobiernos autonómicos que se acojan a un nuevo marco normativo que estará listo en septiembre y que les habilitará para tener
capacidad regulatoria en materia de licencias de VTC, mientras las que no lo deseen seguirán bajo el marco estatal.

Esta ha sido la principal propuesta lanzada por Abalos a los representantes de las comunidades autónomas en la reunión de tres horas que han mantenido en la sede del Ministerio, junto a la creación de un grupo de trabajo que estudie soluciones en profundidad para el conflicto entre

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VTC y taxi, con un plazo de tres meses.

Abalos ha confiado en que estas decisiones sirvan para la desconvocatoria de las movilizaciones de los taxistas y ha indicado que las dos propuestas fueron expresadas a los dirigentes de las asociaciones de taxistas el lunes pasado y a la patronal de los VTC ayer, martes, y que «están por
la labor».

El ministro de Fomento, José Luis Abalos, ha tratado de convencer este miércoles a las comunidades autónomas de la necesidad de transferirles las competencias sobre las licencias de vehículos con conductor (VTC) con el objetivo de poner fin al conflicto que enfrenta a los taxistas de toda España con las empresas de los VTC, como Uber y Cabify.

La propuesta ha tenido lugar durante la celebración de la Conferencia Nacional de transportes, que arrancó hoy a las 18:45 horas en Fomento, y la posición por parte de los consejeros autonómicos no fue unánime. Algunas comunidades se mostraron recelosas, si bien todas mostraron su voluntad de diálogo.

Antes del encuentro algunos representantes de las autonomías manifestaron. Así, el director general de Transporte de la Generalitat Valenciana, Carlos Domingo, indicó que no estarían dispuestos a asumir las indemnizaciones que corresponderían a los propietarios de licencias de VTC que pueden perder la posibilidad de seguir operando una vez que entre en vigor la nueva normativa que pretende establecer Fomento, informó Efe.

“Si lo que se nos transfiere es para solucionar el problema, estamos en ello, si lo que se transfiere es el problema, no”, dijo rotundo el director general de Transporte de la Junta de Castilla y León, Ignacio Sánchez Pérez.

En una línea similar se manifestó la consellera de Infraestructuras y Vivienda de la Xunta de Galicia, Ethel María Vázques, quien aseguró que Galicia no acepta recibir en transferencia las competencias para conceder licencias a vehículos de alquiler con conductor (VTC) y restringir así su crecimiento frente al taxi, por considerar que con esta medida el Gobierno central sólo busca «trasladarle el problema». «El Gobierno de España renuncia a gobernar», denunció.

También a su llegada, el secretario de Infraestructuras y Movilidad de la Generalitat de Cataluña, Isidre Gavín, mostró su disposición a atender la propuesta de que las competencias sobre licencias de VTC sean transferidas, “siempre y cuando sea un traspaso efectivo completo”. Gavín añadió que no estará de acuerdo con “un traspaso de competencias fallido y vacío de recursos, o para traspasar un problema. Tenemos muchas ejemplos de transferencias fallidas, sin recursos suficientes, como fue el de Cercanías”.

El consejero andaluz, Felipe López, apuntó igualmente que “hay una desproporción entre lo que la ley establece y la realidad del momento” y que “no va a ser fácil transitar la realidad del 1/30 que dice la ley al 1/6 de Andalucía”.

Otra voz fue la de la consejera vasca de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, quien señaló que Euskadi siempre “ve positivo” el hecho de asumir una competencia pero aclaró que esta decisión por sí misma no va a suponer “una solución al problema” que, en su opinión, “hay que trabajarla muy bien”. Según Tapia, en Euskadi no existe la problemática detectada en otras ciudades españolas dado que el ratio se sitúa en 1/26. “Además, no existe ni una sola licencia solicitada de Uber o Cabify”, añadió.

Tapia señaló, según recogió Efe, que el País Vasco lleva más de un año trabajando esta realidad con la elaboración de un decreto que regule la actividad del transporte urgano e interurbano de taxis y de vehículos con conductor y permita realizar labores de inspección de manera que los servicios sean complementarios, puedan convivir y sean analizados con el mismo rigor y condiciones.

Ábalos, que estuvo acompañado en la reunión por el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, defendió en todo momento “una solución consensuada”. Y volvió a reiterar que “ni este Gobierno ni este ministro han provocado este conflicto”

Mientras tenía lugar la Conferencia Nacional de Transporte, los taxistas seguían colapsando algunas de las principales arterias de las grandes ciudades. En algunas ciudades planeaban celebrar asambleas para acordar si continuaban o no con la huelga una vez conocido lo resuelto en la reunión. También algunos ayuntamientos, como los de Madrid y Barcelona, reclamaron que en una segunda fase se permita a los consistorios exigir a las VTC una segunda licencia para circular por sus ciudades.

Taxistas detenidos

Según explicaron fuentes de la Jefatura Superior de Policía a Efe, la Policía Nacional ha detenido esta semana en Madrid a tres taxistas e investiga más de 60 denuncias por agresiones físicas, daños a vehículos, coacciones y desórdenes públicos contra vehículos de transporte con conductor (VTC). Las mismas fuentes han indicado que el último de los arrestos se produjo ayer por la noche.

Según un comunicado de la Delegación del Gobierno, ayer se celebró una reunión entre representantes de la Delegación, de la Policía Nacional y de la patronal de VTC Unauto, en la que se abordaron aspectos relacionados con la seguridad. Durante el encuentro se explicaron las medidas que se han adoptado durante estos días, coincidiendo con las movilizaciones del sector del taxi, y los miembros de Unauto (que agrupa a Uber, Cabify y otras empresas de VTC) trasladaron a la Delegación del Gobierno sus inquietudes y demandas.

Petición de suspensión temporal de los VTC

Los taxistas valencianos, en huelga desde el pasado domingo, consiguieron hoy que el ministro de Fomento escuchara su “exigencia” de aplicar la ley, que marca una ratio de 1/30 (un VTC por cada 30 coches) y suspender temporalmente los vehículos con conductor hasta que se apruebe un nuevo decreto que regule dicho servicio. “Si hacen eso, ahora mismo los taxis se van a su casa”, dijo el portavoz de la Asociación Nacional del Taxi, Fernando del Molino. 

Desde las empresas VTC reiteraban la «legalidad» de sus licencias. Y Cabify no dudó en mandar un mensaje a sus clientes, agradeciéndoles su confianza, pese «a todo lo que se está hablando sobre nuestra compañía y nuestro servicio” desde el colectivo de taxistas. La compañía asegura que cuenta con tres millones de usuarios en toda España, «gracias, entre otras cosas, al buen servicio de nuestros conductores».

Fuente: Cinco Días