Fomento frena el plan de carreteras ante el riesgo de un alto coste para el Estado

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha afirmado una y otra vez que no asumió el cargo para frenar la inversión pública o paralizar proyectos en marcha. Pero tiene las alarmas activadas sobre una de las iniciativas estrella del anterior Gobierno, el plan extraordinario de inversión en carreteras (PIC).

El esperado ramillete de actuaciones, que prometía movilizar 5.900 millones extrapresupuestarios a cambio de concesiones sobre 2.300 kilómetros de autovías, está siendo revisado y remodelado de principio a fin por el actual equipo de Fomento. Se trata de evitar, entre otras cuestiones, que el coste final se convierta en una hipoteca indigesta para el Estado.

El ex ministro Íñigo de la Serna dejó una lista de 27 actuaciones de mejora o construcción, enmarcadas en el conocido como Plan Junker, que serían sufragadas inicialmente por las constructoras (el BEI ofrecía un 40% de la financiación). Las empresas recuperaban sus inversiones a través de la fórmula de pago por disponibilidad. Es decir, la Administración paga en función del buen estado de conservación de las infraestructuras.

Fuentes cercanas a Ábalos señalan que algunas de esas carreteras podrían terminar costando hasta tres veces su presupuesto de construcción, lo que ha aconsejado tanto la citada puesta en revisión como la opción de licitar las primeras actuaciones bajo financiación presupuestaria, renunciando al pago diferido.

El PIC ya fue retenido por el Ministerio de Hacienda, con el PP en el Gobierno, a la vista de que parte del riesgo en la expropiación de suelo recaía en el Estado. Las constructoras huyen de la amenaza de sobrecostes después de la experiencia en este sentido en la construcción de las autopistas radiales de Madrid.

A esta circunstancia se suma que la nueva ley de contratos del sector público y los criterios europeos de cómputo de déficit y deuda pública exigen una transferencia sustancial de riesgos en las concesiones al operador privado, lo que implica la introducción de indicadores de demanda que parecían no estar contemplados. Así se desprende de las dos únicas actuaciones que el anterior equipo de Fomento dejó con el estudio de viabilidad concluido: el eje Este-Oeste de la A-7, de Alicante a Murcia, y el Eje Norte-Sur de Murcia.

Financiación más cara

Las fuentes consultadas explican que la incorporación de indicadores de demanda hacen subir los costes de financiación. Una circunstancia que tumba a su vez los estudios de viabilidad económica y, por extensión, hace que las estimaciones de costes de todo el PIC hayan quedado desactualizadas. De hecho, se espera que sean superiores a los inicialmente previstos.

En este contexto de dudas, Fomento está buscando el modo de “acometer las actuaciones del Plan Extraordinario de Carreteras de forma viable”, afirman en el entorno del ministro Ábalos.

El ex ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. Pablo Monge

El otro gran problema que encuentra el programa que fue anunciado por el ex presidente Mariano Rajoy como complemento a los presupuestos de inversión pública, es el de la tramitación. El PP aprecia un deliberado bloqueo y afirma que los 21 proyectos, de un total de 27, que no lanzó personalmente el anterior presidente del Gobierno estaban “maduros” y podrían haber sido presentados en junio.

Desde las filas socialistas, sin embargo, se explica que los informes están “en las primeras fases de desarrollo, quedando todavía muchos trámites que realizar hasta poder llegar a la licitación de las concesiones”.

La autovía de las Rías Bajas (A-52) de Vigo y O Porriño tiene en tramitación un modificado del contrato de servicios antes de continuar con los proyectos de trazado y construcción. Finalizados estos, aún deberá someterse a información pública y obtener la declaración de impacto ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica.

En el caso de la A-73 entre Burgos y Aguilar de Campoo, también anunciada por el anterior Gobierno, se está redactando un anteproyecto de actualización a la normativa vigente, así como el estudio de viabilidad.

La A-7 en Castellón, obra dividida en tres tramos, tiene pendiente la declaración de impacto ambiental. Una vez obtenida, debe incorporarse al proyecto para la conclusión de su redacción.

Y la A-32 en Albacete, con cinco tramos, cuenta con el proyecto finalizado solo en dos de ellos.

Fuente: Cinco Días