El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha instado a buscar una fórmula, “sea la que sea”, para asegurar el mantenimiento de las autovías, que tiene un coste anual para el Estado de 11.000 millones de euros, y que se hace inviable porque cada vez hay más kilómetros (20.000 actualmente) y menos recursos públicos.
Ábalos ha llamado a reflexionar sobre el mantenimiento de la red de carreteras, incluidas autovías y autopistas, “la única infraestructura de transporte que se pretende que sea gratuita”, cuando por el resto, como puertos, aeropuertos y vías ferroviarias se pagan distintas tasas o cánones.
Además, salvo en las autopistas de peaje, en el resto de vías no hay ninguna contribución por parte de ninguno de los usuarios, «ya no digo los vecinos, sino los turistas o camiones que producen un deterioro de la vía y sin reversión alguna”, ha indicado.
Las palabras del ministro abren la puerta a la instauración de un posible pago por el uso de las autovías hasta ahora gratuitas. Precisamente, la patronal de grandes constructoras y concesionarias Seopan propuso la semana pasada la extensión de peajes a toda la red viaria de gran capacidad (autovías y autopistas) con concesiones a 25 años, lo que aportaría al Estado entre 60.000 y 110.000 millones de euros, dependiendo de las tarifas aplicadas. Seopán también aboga por la implantación de sistemas de peaje inteligente para el acceso y salida a las grandes ciudades, como Madrid o Barcelona,
“Queremos apostar por un modelo de sostenibilidad como ocurre también en Europa. Sea el que sea, pero que tengamos un modelo y no diversos modelos con experiencias diversas en cada territorio”, ha dicho Ábalos, quien ha instado a las formaciones políticas a buscar un modelo igualitario que no discrimine a los usuarios según los territorios.
Gratuidad de la AP-1
Justamente, el ministro de Fomento instaba a esta reflexión tras confirmar que partir del 1 de diciembre se podrá circular por la AP-1 (Burgos-Armiñón) sin pagar peaje, e insistió en que se mantiene la decisión de no prorrogar las concesiones de autopistas de peaje que vencerán durante la actual legislatura tal y como adelantó EL PAÍS y que, en algunos casos, ya se ampliaron 24 años más de lo previsto inicialmente.
Las autopistas afectadas serían la AP-1 Burgos-Armiñón, cuya concesión finaliza el 30 de noviembre, y las autopistas AP-7 Tarragona-Alicante y AP-4 Sevilla-Cádiz, cuyo periodo concesional acaba el 31 de diciembre de 2019. Seopán calcula que la eliminación del peaje de la AP-1 tendrá un coste anual solo en peajes para el Estado de 3o millones de euros.
Futuro incierto para las autopistas rescatadas
Autopista M-12.
El Ministerio de Fomento ha dejado en suspenso el anunciado concurso público para volver a ceder a empresas privadas la explotación de las nueve autopistas rescatadas por el Estado hasta que no concluya el cálculo de la factura que este rescate tendrá para las arcas públicas, según aseguró el titular del departamento, José Luis Ábalos.
El Gobierno mantiene en 1.800 millones de euros la estimación de la denominada Responsabilidad Patrimonial de la Administración que deberá abonar a las primeras concesionarias, un importe ya calculado por el anterior Ejecutivo del PP en el último informe de sostenibilidad remitido a Bruselas hace unas semanas.
No obstante, las empresas que eran titulares de las vías y los fondos que se quedaron con su deuda elevan este importe a cantidades de entre 3.700 y 5.000 millones de euros. Fomento tiene de plazo hasta los próximos días 13 de enero y 20 de enero de 2019 para determinar esta factura, dado que, según la legislación, debe atenderla en los seis meses posteriores a la resolución de los contratos de concesión, anulación que se produjo el pasado verano.
El plan de rescate que diseñó y acometió el anterior Gobierno para las nueve autopistas que quebraron durante la crisis pretendía volver a ceder las autopistas a empresas privadas para sacar recursos con los que afrontar parte de la factura del rescate. En concreto, se calcularon ingresos de entre 700 y 1.000 millones de euros. El anterior equipo del Ministerio de Fomento programó la relicitación de las vías durante este año 2018.
El actual equipo, tras acceder al Departamento en junio, ya dijo que esta operación no se podría acometer al menos hasta 2019 dado el estado en que encontraron los pliegos de contratación. Ahora, Ábalos considera que «no es el momento» para abordar este proceso de concurso público «hasta en tanto no se sepa lo que supone para el Estado su rescate». Además, el ministro se rerió también al cambio de condiciones que deberán tener los nuevos contratos de concesión, dado que ya no se pueden realizar para amortizar la inversión en construcción de las autopistas, sino sólo para afrontar sus costes de explotación. Esta circunstancia, sumada al acortamiento de los plazos máximos de concesión que imponen las normas de la UE, lleva a que «el interés de los inversores privados en las autopistas sea mucho más bajo».
Las nueve autopistas que quebraron y actualmente están ‘nacionalizadas’ son las cuatro radiales de Madrid, la M-12 Eje Aeropuerto, que une la capital con el aeropuerto de Barajas, la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda, la Circunvalación de la Alicante y la Cartagena-Vera.
Fuente: El País