El magnate mexicano Carlos Slim ha colocado a su constructora española FCC en posición de colaboración con la justicia “desde el primer día en que se tuvo notificación” de la presunta trama corrupta creada en 2010 para ganar contratos millonarios en Panamá, según ha afirmado la empresa a través de un comunicado remitido a la CNMV.
En la escueta nota, que ya había sido entregada a los medios de comunicación a primera hora de la mañana, no se reconoce hecho alguno, pero se reitera el ofrecimiento de transparencia a las autoridades judiciales un día después de que se hiciera pública la imputación del grupo por posibles delitos de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de capitales.
La constructora negocia con la justicia panameña un acuerdo para asumir una multa que podría rondar los 18 millones de euros
FCC denunció entre mayo y junio de este año, ante la Audiencia Nacional, la existencia de facturas por servicios ficticios por un importe de 82 millones. Estos fondos, sobre los que ya se investigaba, se han relacionado con sobornos para conseguir adjudicaciones como son las obras de las dos líneas de metro de Ciudad de Panamá, en consorcio con Odebrecht.
La constructora, según informó Efe, negocia con la justicia panameña un acuerdo para asumir una multa que podría rondar los 18 millones de euros. Un hecho que encerraría, en sí mismo, el reconocimiento de la trama corrupta en la que habrían participado varios directivos de las citadas FCC y Odebrecht.
“Los nuevos accionistas de control del Grupo FCC, a partir de 2015, así como sus nuevos consejeros y directivos, han venido colaborando con las autoridades competentes, a partir de que tuvieron conocimiento de los hechos, con el interés de que se revisen a fondo estos acontecimientos que infringen completamente nuestros principios de ética y cumplimiento”, ha señalado FCC. La empresa, que desliga de este modo a su primer accionista, al consejo y a la actual dirección de los hechos investigados, insiste en que tiene “un compromiso total con el principio de tolerancia cero con la corrupción”.
La llegada del inversor mexicano al capital supuso un refuerzo de la política de cumplimiento normativo (compliance), que volvió a retocarse con la entrada del fondo australiano IFM en el accionariado de Aqualia.
Fuente: Cinco Días