Guerra familiar en Bodegas Pesquera, al más puro estilo de una serie americana. La Fiscalía Provincial de Valladolid ha remitido una denuncia ante los Juzgados de Instrucción contra la ex mujer y una de las cuatro hijas del fundador del Grupo Pesquera, el bodeguero Alejandro Fernández, por considerar que pueda haber posibles delitos de falsedad en documento mercantil y público, administración desleal y de tipo societario, en relación a una operación que buscaba apartarlo de la administración de las bodegas.

La batalla de la familia del fundador de Pesquera se desencadenó tras la separación del matrimonio, hace ahora dos años. Alejandro Fernández, que fundó las Bodegas Pesquera en 1975,  cuenta con el apoyo de una de sus cuatro hijas  (Eva Fernández Rivera, enóloga del grupo) y su ex mujer está respaldada por las otras tres (Olga, Lucía y Mari Cruz). Juntas sumaban más participación en la empresa familiar, Alejandro Fernandez Tinto Pesquera S.L., una situación que utilizaron para desplazar a ambos en los consejos de administración, según las fuentes consultadas por Europa Press.

«Derivado de la ruptura matrimonial, aún no formalizada, las denunciadas han pretendido apartar a Alejandro Fernández de la totalidad de la gestión y tanto de las empresas como de las bodegas, lo que se ha realizado a través de distintos acuerdos sociales en las mercantiles, incluyendo el no reparto de los beneficios de tales sociedades que habitualmente se realizaba», explica el escrito de la Fiscalía al que ha tenido acceso esta agencia.

El escrito de la Fiscalía detalla que el 5 de marzo de 2018 se celebró una junta extraordinaria en la empresa en la que, con oposición de Fernández, se transformó la administración solidaria que existía por un sistema mancomunado  y que establecía como «suficientes» las firmas de dos de estos administradores para emprender nuevos cambios. Con esas dos firmas, en junta ordinaria del 23 de julio de 2018 Alejandro Fernández fue cesado como administrador mancomunado de Tinto Pesquera, «se denegó el acceso a las cuentas totales de la compañía y se acordó el destino de los beneficios de la sociedad, 4,4 millones de euros, a reservas voluntarias y no a dividendos», como él solicitaba.

Según consta en el Registro Mercantil, el 4 de abril de 2018 se inscribió el cambio en el órgano de administración de la sociedad, que pasó de ser solidario a mancomunado, al tiempo que se reducía el número de administradores de cuatro a tres. En ese acto se producía el cese de Alejandro Fernández Pérez (fundador de la bodega), Emilia Rivera Rueda, Lucía Fernández Rivera (hija) y María Olga Fernández Rivera (hija) como administradores solidarios de la sociedad Alejandro Fernández Tinto Pesquera S.L. Asimismo, consta el nombramiento de  Emilia Rivera, Lucía Fernández y María Olga Fernández como administradoras mancomunadas. 

Las cuentas de la sociedad correspondientes al ejercicio 2017 están firmadas el 23 de julio de 2018 por Emilia Rivera, Lucía Fernández y María Olga Fernández Rivera. Se aprobaron en la junta de accionistas celebrada el 10 de diciembre de 2018, en la que estuvieron representados seis socios (cuatro presentes y dos por representación), según consta en la memoria. La reunión fue presidida por Emilia Rivera Rueda y se aprobaron con el voto a favor de Emilia Rivera, y de las hermanas María Olga, Lucía y Mari Cruz Fernández Rivera, que representan el 50,14% del capital social. En contra votaron Alejandro Fernández y su hija Eva, que representan el 49,86%, según la memoria. 

El beneficio del ejercicio 2018 ascendió a 5,58 millones de euros, un 81% más que en 2017 cuando se situó en 3,13 millones. 

Similar situación en las filiales 

En 2018 también se celebró también junta de la sociedad Condado de Haza, que pertenece al grupo, y en ella se acordó el cese de Fernández y de la hija que le apoya, Eva Fernández Rivera, como miembros del consejo de administración. Los beneficios tampoco se repartieron, 978.028 euros que de acuerdo al escrito de la fiscal, se destinaron íntegros a reservas voluntarias.

Ante esta situación, Alejandro Fernández, que seguía siendo propietario de las tierras y edificaciones del Grupo Pesquera y ostentaba la tarjeta de viticultor imprescindible para obtener la Denominación de Origen Rivera del Duero, decidió recoger la cosecha de 2018 y, si no se la compraba Pesquera, venderla a otras dos empresas, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

Cuando ya había comenzado a vendimiar, la exmujer de Fernández esgrimió la existencia de un contrato que en febrero de aquel año habría suscrito con su hija Olga y por el que le arrendaba «la totalidad de las fincas» de cultivo, de las que es propietaria en gananciales, por un periodo de diez años a «un exiguo precio» de 130.344,8 euros.

La denuncia original afirma que el contrato es falso y está además manipulado, puesto que la fecha que consta no se corresponde con la de los documentos públicos que lo acompañan y que habrían sido expedidos en meses posteriores.

Contrato simulado

La Fiscalía sostiene que «es un contrato simulado con el fin de construir un instrumento jurídico que excluyera la Tarjeta de Viticultor de Alejandro Fernández, con el fin de conseguir otra a nombre de Olga Fernández Rivera que permitiera recoger la cosecha del año 2018 y su comercialización en las bodegas del Grupo Pesquera bajo la Denominación de Origen ‘Rivera del Duero'».

El escrito indica que además, se firmó «a sabiendas de que Emilia Rivera como partícipe de una sociedad de gananciales suspendida por la separación de hecho, no podía suscribir un contrato de arrendamiento de inmuebles por 10 años, por el exiguo precio pactado y con exclusión jurídica, física y económica de Alejandro Fernández».

La Fiscalía detalla que cuando se comunicó el alquiler de las tierras al Consejo Regulador -trámite ineludible para mantener la producción con la denominación de origen–, éste revocó la la Tarjeta de Viticultor al fundador del grupo en favor de la nueva arrendataria. Sin embargo, reclamación mediante, dejó sin efecto el cambio y restituyó la Tarjeta de Viticultor a Alejandro Fernández en detrimento de la hija.

«A pesar de ello», como dice la fiscal, ella recogió la cosecha de 2018, pero aquella «maniobra» supuso que «hoy por hoy no ha podido ser comercializada bajo la Denominación de Origen ‘Rivera del Duero’, con las pérdidas económicas que ello ha supuesto» para las empresas. La cosecha está precintada y sin esa acreditación de calidad y procedencia, sólo podría comercializarse como vino de mesa, según fuentes del sector.

Fuente: Cinco Días