Una puerta se abre ahora en el Tribunal Supremo para el caso de las preferentes de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), después de que se archivase el pasado julio al aplicarse la doctrina Botín. La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), personada como acusación popular, ha presentado este lunes un recurso ante el alto tribunal, donde pide que anule la decisión de la Audiencia Nacional y se continúe con la causa penal abierta contra dos ex directores generales de la entidad financiera, Roberto López Abad y María Dolores Amorós, procesados por presunta estafa.
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Según argumenta Adicae en su escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, en este caso no se podría utilizar la doctrina Botín —que mantiene que el proceso decae cuando la Fiscalía y la acusación particular se retiran de la causa— y defiende, en cambio, que aquí habría que aplicar la denominada doctrina Atutxa, que contempla que la acusación popular puede seguir adelante solo con el caso cuando el delito afecta a intereses colectivos sin que existan perjudicados concretos.
La asociación considera que el conjunto de los consumidores se vio perjudicado por la acción de los dos exdirectivos de la CAM, a los que imputa un delito continuado de publicidad engañosa y de alteración de los precios. “Mediante la aplicación a nuestro caso de la doctrina Botín y el archivo de las actuaciones, se ha privado a los consumidores, finales pagadores de las ayudas percibidas por la entidad, de la celebración de un juicio”, reza el escrito presentado en el Supremo. El alto tribunal debe decidir ahora si lo admite a trámite y entra en el fondo de la cuestión.
Los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia acordaron el pasado julio archivar el caso, justo antes de que comenzara el juicio. La Fiscalía había pedido el sobreseimiento, después de que las acusaciones particulares se retirasen. Los jueces consideraron entonces que Adicae carecía ya de «legitimidad» para continuar en solitario, puesto que los afectados se consideraban “resarcidos de los posibles perjuicios causados” —el Banco Sabadell, tras adquirir la CAM, ofreció la recompra de acciones para resarcir el daño—.
«Es importante tener en cuenta que en autos no se constata la existencia de más supuestos perjudicados, no dejando margen de actuación a la pretendida acusación solidaria de Adicae», apostillaban los magistrados en un auto. «La Fiscalía no ha querido pedir en ningún momento un reproche penal y nos han enviado siempre a la vía civil. Pero las preferentes son un claro caso de fraude intencionado y organizado por un grupo de personas para salvar los lamentables balances que habían dejado en esta y otras cajas», denunció entonces Manuel Pardos, presidente de Adicae.
López Abad y Amorós ya fueron condenados en la Audiencia Nacional por otra causa abierta. El pasado octubre, el órgano judicial les impuso sendas penas de tres años de cárcel por «distorsionar» los estados contables de la CAM entre 2010 y 2011, «vulnerando» la imagen de la caja de ahorros en momentos de grave crisis.
Fuente: El País