En su informe sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, la Airef certifica algo que ya todo el mundo sabía: que el objetivo de déficit para este año del 2,2% en todas las administraciones públicas españolas no se va a cumplir. La propia ministra de Economía, Nadia Calviño, se encargó de comunicárselo a los responsables económicos de la Comisión Europea el pasado 12 de julio, cuando suavizó el objetivo de déficit para este año —que pasó del 2,2% al 2,7%—, aplazando así un ajuste de unos 6.000 millones de euros.

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La Airef dice ahora que considera “improbable” el objetivo del 2,2%, y culpa de la desviación principalmente a la Administración central y a la Seguridad Social. Son responsables de este fallo en el objetivo, sobre todo, el incremento de los pagos a cargo del Fondo de Garantía de Depósitos en la liquidación de los Esquemas de Protección de Activos de las cajas rescatadas CAM y Unnim; la incidencia de la responsabilidad patrimonial de la Administración por las autopistas de peaje y las medidas de los Presupuestos Generales del Estado para incrementar el sueldo de los funcionarios y para transferir más fondos a la Seguridad Social.

En los Ayuntamientos, la Airef no solo estima un superávit del 0,6%. También detecta un deterioro del ajuste —caída del superávit del 20%— en las 21 mayores entidades. No obstante, si se depurasen las operaciones no recurrentes —como la construcción de la carretera Palma-Manacor mediante peaje en sombra—, el descenso se quedaría en el 15%.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal analiza también a las 18 corporaciones de más de 20.000 habitantes “con riesgos de sostenibilidad a medio y largo plazo”. De estos 18, en cinco —La Línea de la Concepción (Cádiz), Totana (Murcia), Ayamonte (Huelva), Alcorcón (Madrid) y Cuenca— la situación ha empeorado respecto al anterior informe. Además, el Ayuntamiento de Madrid presenta “alto riesgo” de incumplir las previsiones de superávit y la regla de gasto de 2018 de su Plan Económico y Financiero. Barcelona, Córdoba, L’Hospitalet de Llobregat y el Cabildo Insular de Tenerife presentan también “riesgo de incumplimiento”, según el organismo.

Fuente: El País