Ignacio Sánchez Galán (Salamanca, 67 años) es un habitual de las reuniones de la ONU sobre cambio climático. Esta semana participa en Nueva York en varios actos con motivo de la Asamblea General. Dice sentirse satisfecho de que a una empresa española se le reconozca en la lucha contra el calentamiento global. Esa batalla es «una obligación moral» y una «oportunidad de negocio». Defiende que gracias a la transformación de su compañía hacia las renovables es cinco veces más grande que cuando llegó en 2001.
Pregunta. ¿El precio del CO2 en Europa es ya una palanca de cambio para dejar gas y carbón?
“No solo es un problema de CO2 y ositos polares”
España aún no cuenta con una ley de cambio climático. Y cuando a Sánchez Galán se le pregunta por las razones mira al anterior Gobierno. «El Ministerio de Medio Ambiente tenía hechos los deberes y el de Energía no había hecho nada, entre otras cosas, porque creo que no creían en eso». Lamenta que el exministro Álvaro Nadal defendiera «tecnologías del siglo XIX». «Y argumentando el coste. Hay costes, hay salud, cuidado del entorno. Las emisiones no solo son un problema de CO2 y ositos polares. Son un problema de enfisemas de los niños y muertes prematuras de decenas de miles de personas cada año y enfermedades con un coste brutal para el sistema de salud que no se valora. En España hay estudios que advierten de 30.000 muertes prematuras por la contaminación». ¿Y habrá una ley con este Gobierno? «La ministra y el presidente se han comprometido a que antes de final de año esté en el Congreso la ley de cambio climático (…) No he oído de ningún grupo parlamentario estridencias sobre esto, por lo que puede ser relativamente fácil».
A Iberdrola solo le quedan dos centrales de carbón en España. «Hemos cerrado 7.500 MW, 15 instalaciones. Y algunas de ellas eran las mayores plantas del Reino Unido». Respecto a las dos que quedan, cuya solicitud de cierre ya ha presentado la empresa, asegura que «en 2020 se cierran sí o sí porque la Comisión no deja que sigan al no haberse hecho las inversiones en desnitrificación».
«Se habla mucho de transición justa y coincido al 100%», añade. Pero lamenta la falta de proyectos de futuro en las comarcas mineras afectadas: «Con el dinero que hemos enterrado en las minas del norte, ya cerradas, si lo hubiéramos utilizado adecuadamente, aquello podría ser el Silicon Valley español».
Respuesta. El sistema consiste en unas subastas, que se hacen a nivel europeo, donde los Estados venden los derechos y los agentes tenemos que comprar el CO2 que suponemos que vamos a utilizar. En su momento los Estados dieron unos derechos gratuitamente que han hecho que el mercado del CO2 esté deprimido. En el momento en el que la Comisión ha anunciado el paquete de invierno, magníficamente hecho y trabajado, se detectó que el precio del CO2, el instrumento que tenía Europa para hacer un cambio de tecnologías más emisoras a las limpias, tenía que subir. Se anunció que a partir de enero de 2019 se retirarán 900 millones de toneladas de CO2 con lo que automáticamente se crea el espíritu de escasez y el precio sube en las subastas. Por tanto, los Estados están recaudando más dinero. España, por ejemplo, el año pasado recaudó unos 500 millones y este se pueden recaudar 1.400 o 1.500. ¿Y para qué era ese dinero? Para aplicarlo en el desarrollo de renovables, no para encarecer el recibo y para que pierdan competitividad las tecnologías emisoras frente al resto. Pero el problema es que para que no perdiera competitividad el carbón lo que se hizo fue meter unos impuestos monstruosos a las tecnologías que no emiten, a la hidroeléctrica, la nuclear y, en menor medida, la eólica.
P. Y sube el precio de la luz.
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R. Porque esos fondos del mercado de CO2 están lejos de utilizarse para fomentar las renovables. O para quitar lastres. En el caso español es sencillo: con eso que se está recaudando se deberían quitar impuestos de lo que se gravó para pagar las subvenciones que tenían las anteriores renovables. Y se bajaría automáticamente el importe de la factura, que es en cierta medida lo que hace el Gobierno ahora quitando el impuesto del 7% de generación. Pero lo ha hecho con carácter general y lo debía haber hecho con carácter particular, por tecnologías.
P. ¿Se han desacelerado las inversiones en EE UU por la salida de Trump del Acuerdo de París?
R. Llegamos aquí con los primeros parques eólicos en 2006. ¿Y quiénes eran nuestros clientes? Fundamentalmente, Administraciones. Vendíamos por presión de los Estados a las utilities locales, que tenían obligación de comprar un porcentaje de renovable. ¿Y quiénes son hoy nuestros clientes? Empresas y sociedades fundamentalmente, es decir, los clientes finales. Son los Google, los Amazon y también municipalidades… Todos quieren poner en su memoria, en su cuenta de resultados y en su informe de sostenibilidad que su energía es de origen renovable y que están tomando medidas por seguir las directrices de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
P. ¿Y qué se debe hacer con la nuclear en España?
R. Me gusta ser realista: creo que el carbón no tiene viabilidad. El final será en 2020, 2022 o 2025. Primero porque España no tiene carbón. Si tuviera unas grandes reservas pues habría que pensarlo por el aspecto social. Pero estar quemando carbón de Colombia, de Rusia o Sudáfrica me parece… No es el caso de Alemania o Polonia, que tienen carbón. Y ellos han decidido cerrar para 2025. Esa es la incongruencia de España. Me lo decía el director general de Energía de la Comisión: «No entendemos la posición del anterior ministro de Energía. ¿Por qué? Si España no tiene carbón». En el caso de la nuclear es una cuestión económica: si las centrales necesitan inversiones de varios miles de millones de euros para extender la vida durante 10 años habrá que hacer los números. ¿Qué merece más la pena? ¿Hacer las inversiones en algo antiguo que va a originar unos costes muy elevados o utilizar eso para hacer cosas nuevas? Esos son los números. Yo no soy ni antinuclear ni pronuclear. Es un tema económico. Las centrales son seguras, son eficientes, son costosas… La nuclear es cara.
P. ¿La transición hacia una electricidad descarbonizada nos abaratará la luz?
R. Sin duda. Nuestro estudio de planificación indica que hacen falta entre 70.000 y 100.000 millones para llegar en 2030 a tener un 80% de la producción de electricidad renovable y un 20% de gas. El gas se queda plano durante todo el periodo y se puede prescindir del carbón y las nucleares, pero con almacenamiento y baterías.
P. ¿Qué se debe reformar para abaratar la luz?
R. No hay que perder el norte del largo plazo, no poner parches. Y el principio del que contamina paga hay que aplicarlo. La fiscalidad medioambiental no tiene que ser fiscalidad eléctrica, debe ser medioambiental de todos, y que todos contribuyan en función de lo que emiten. Tercero, no se puede castigar a los que hacen los deberes para mantener la competitividad de los que no lo han hecho. Es decir, no penalizar a las no emisoras para que mantengan la competitividad las tecnologías emisoras. Según nuestro estudio, con esos 70.000 o 100.000 millones de inversión hasta 2030, el precio de la energía puede bajar sustancialmente. Si ahora mismo estamos en niveles de 60 euros el megavatio, podríamos estar en 40 o 50, que es como están saliendo las subastas de eólica y solar. Si el Gobierno anterior no hubiera parado las renovables y se hubiera invertido más, el precio de la luz estaría más bajo.
Fuente: El País