El plan de choque de la Inspección de Trabajo por el empleo digno empezó en verano con dos acciones que ya tienen datos definitivos. La campaña para convertir contratos temporales fraudulentos en indefinidos se ha saldado con la conversión de 61.445 contratos. La que pretendía aumentar la jornada de quienes estaban contratados por unas horas y, en realidad, tenían jornadas más largas ha sido menos eficaz: ha logrado el incremento en 8.824 casos, según los datos que ha difundido el Gobierno al acabar el Consejo de Ministros ordinario.

Ambas campañas consistían en el envío de cartas a las empresas donde la Inspección sospechaba que se cometía fraude en la contratación. En ellas se advertía a los gestores de las empresas de la situación y se les instaba a convertir a los temporales en fijos y a elevar las jornadas. En caso contrario, la misiva apuntaba que la empresa recibiría la visita de la Inspección de Trabajo.

De la eficacia de la campaña contra la temporalidad fraudulenta hablan sus números absolutos y los relativos. Las 61.445 conversiones suponen una transformación en el 76,5% de casos en los que se envió una carta. Este porcentaje desciende al 17,5% en las ampliaciones de jornada.

Estas conversiones de contratos se suman a las 132.501 realizadas por la actuación ordinaria de la Inspección de trabajo. Así en total hubo casi 194.000 transformaciones de contratos temporales en fijos. Sin contar el efecto del plan esto ya supone un aumento del 29,9% respecto a las conversiones realizadas en 2017.

También las ampliaciones de jornadas crecen si se añaden las actuaciones ordinarias. Entre unas y otras, se ha modificado al alza 31.517 contratos.

Las campañas contra la temporalidad fraudulenta y el uso abusivo de la jornada parcial fueron las dos primeras iniciativas del plan de choque por el Trabajo decente que Pedro Sánchez anunció nada más llegar al Gobierno y que puso en marcha en julio. El plan constaba de 75 medidas, de las que estas eran las dos primeras y las más llamativas. También se prevé el aumento de la plantilla de inspectores y subinspectores de Trabajo o un mayor control para detectar falsos autónomos.

Fuente: El País