El pasado invierno las movilizaciones de pensionistas le cambiaron el paso al Congreso de los Diputados. El Pacto de Toledo, la comisión parlamentaria donde se abordan los asuntos de pensiones, avanzaba lentamente en sus trabajos para renovar las 22 recomendaciones para una futura de reforma de la Seguridad Social, pero avanzaba. Conscientes de que la revalorización anual y el mantenimiento del poder adquisitivo de los jubilados iba a ser un escollo duro lo había orillado. Pero la dimensión de las manifestaciones forzaron el cambio de planes de los diputados y obligaron al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a comparecer en el Congreso.

Superar el escollo ha costado más de medio año. Y tras ese tiempo se ha llegado a un «acuerdo de mínimos que, fundamentalmente, pretende salvar la viabilidad del Pacto de Toledo», ha descrito Carles Campuzano, portavoz del PdeCAT en la comisión y su miembro más veterano. Pero esa entente mínima aclara algunas cosas: los pensionistas deben mantener su poder adquistivo y el elemento central para medirlo será «la revaloraización anual de las pensiones en base al IPC real». Este quiere decir, expuso el diputado de Compromís, Ignasi Candela, que las prestaciones no deben perder capacidad de compra respecto de los precios al acabar el año. 

Pero si el principio de acuerdo es muy amplio, solo ERC está pendiente de darle su visto bueno, la interpretación del texto que concita ese consenso amplio no lo es tanto. No es extraño. Las recomendaciones del Pacto de Toledo son líneas básicas que dejan mucho margen a diferentes lecturas para que, una vez cerradas, el Gobierno concrete después en las negociaciones con los agentes sociales y, posteriormente, durante la redacción definitiva del texto legal otra vez en el Congreso. Aunque en esta ocasión la redacción llega a abrir la puerta a interpretaciones contradictorias.

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Esto último se ha visto este miércoles en la presentación del texto que hicieron sucesivamente todos los portavoces. Mientras los partidos a la izquierda del arco parlamentario veían que se volvía exclusivamente a la revalorización anual con el IPC. Los otros veían que los precios retornaban a ser un elemento central, pero no tenía por qué ser exclusivo.

Para hacer esta afirmación, Campuzano o Gerardo Camps, del PP, se apoyaban en los párrafos que hablan de «recuperar el consenso de la Recomendación […] aprobada en 2011». Entonces el Pacto de Toledo acordó un texto que permitía «estudiar (para su posterior análisis y valoración por la Comisión) la posibilidad de utilizar otros índices de revalorización basados, entre otros, en el crecimiento de los salarios, la evolución de la economía o el comportamiento de las cotizaciones a la Seguridad Social». Esta redacción se parece mucho a lo que horas antes de que se anunciara el principio de acuerdo había dicho el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado.

«Ahora corresponde al Ejecutivo concretar. Estamos antes unas reivindicaciones que están en la calle», ha señalado el portavoz del PNV, Íñigo Barandiaran. «Todos los grupso han tenido que ceder algo», ha continuado.

Y si algún partido ha cedido en estos meses, ese ha sido, sin duda, el Partido Popular. La reforma de pensiones que aprobó en solitario en 2013 y que vinculaba la evolución de las pensiones a los ingresos y los gastos del sistema de pensiones había determinado incrementos anuales de las prestaciones de los jubilados del 0,25% durante los últimos cinco años. La pérdida de poder adquisitivo que ese incremento había supuesto en el último año y previsiblemente en este fue la gasolina que propulsó las movilizaciones. Y eso ha sido constatado y subrayado en la comisión parlamentaria: «La Comisión constata que el vigente Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) no goza del suficiente consenso político y social», expone el texto.

Fuente: El País