España es uno de los principales países productores de la UE con una media de 31.000 toneladas producidas por 31.500 apicultores. De esta cifra solo 5.500 suponen el 80% de la oferta. El sector cuenta con 2.8 millones de colmenas ubicadas sobre todo en Extremadura con 623.000, Andalucía con 560.000, Castilla y León con 450.000, Valencia con 360.000, Castilla-La Mancha con 190.000 y Galicia con 160.000.

La buena calidad y diversidad de la miel española hace que las exportaciones alcancen una media de 25.000 toneladas, especialmente a otros países comunitarios como Francia, Alemania, Portugal o ltalia, así como a otros como Estados Unidos, Israel o países árabes. Sin embargo, en dirección opuesta, España importa otras 33.500 toneladas, de las que 16.000 se corresponden con otros países comunitarios como Portugal, Polonia o Rumanía, mientras las compras procedentes de terceros países en 2017 ascendieron a 17.500, con la cifra récord de 22.00 toneladas en 2015.

En ese volumen de compras de fuera de la UE, países tradicionalmente suministradores como Argentina o Uruguay han ido perdiendo peso en beneficio de las importaciones de miel china que en 2015 llegaron a las 17.000 toneladas, para bajar a 10.000 en 2017 tras pasar un periodo de prohibición de entrada en la UE por falta de calidad.

El sector ha denunciado además que parte de la miel procedente de algunos países comunitarios como Polonia o Portugal es en realidad de origen chino, como en su día sucediera con las importaciones de ajos vía países del este o Marruecos. Coag ha convocado movilizaciones para esta semana en las principales zonas productoras. Agricultura ya ha señalado que acepta todas las propuestas de la producción.

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La normativa sobre el etiquetado de las mieles parte de una directiva comunitaria de 2001, por la que se habilita a cada Estado miembro para adoptar una posición más o menos rigurosa en relación con el origen del producto. Países como Italia optaron porque en la etiqueta figurase el país de origen. En el caso de España, en contra de las demandas del sector, por un real decreto de 2003, se optó por permitir varias opciones. Hoy se puede calificar como “mezcla de mieles originarias de la UE”, “mezcla de mieles no originarias de la UE” o “mezcla de mieles originarias y no originarias de la UE”, sin otras informaciones complementarias, simplemente con que la misma tuviera un 1% de miel procedente de la UE. Los apicultores denunciaban que esa opción permitía comercializar una miel de mezcla con un 99% de materia prima procedente de China. Para el sector apícola ese etiquetado supone una total falta de información al consumidor.

Para acabar con la situación actual, el nuevo real decreto especificará claramente el origen de la miel contenida en el envase por el país de procedencia así como el porcentaje de miel correspondiente a cada uno.

Para los apicultores, esta falta de transparencia en el etiquetado ha supuesto la invasión de mieles procedentes de terceros países y, con ello, la existencia de excedentes y bajos precios en origen. Según los estudios de Agricultura sobre la cadena alimentaria, los costes de producción en España de un kilo de miel se sitúan en una media de 2,65 euros. Frente a esta cifra, los precios ofertados a los apicultores se sitúan actualmente en una media de 2,20 euros y la miel procedente de terceros países no llega a los dos euros el kilo. El sector apícola ha denunciado reiteradamente que esas mieles no cumplen las exigencias comunitarias en materia de sanidad y seguridad alimentaria aplicables en la Unión Europea al utilizar tratamientos no autorizados por las normas comunitarias.

La Administración anterior justificaba el actual etiquetado por entender que existía un control adecuado sobre la actividad industrial en materia de sanidad y seguridad alimentaria.

Fuente: El País