El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado levantar el secreto de las actuaciones de la investigación de los contratos del BBVA con el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo que se sigue en el llamado ‘caso Tándem’.

Según el auto, al que ha tenido acceso este diario, la «prestación de los servicios contratados» a Villarejo «implicó una reiterada injerencia en los derechos fundamentales de las personas mediante el acceso a sus comunicaciones, mediante seguimientos personales o mediante el acceso a su documentación bancaria», lo que supone \múltiples delitos de descubrimiento y revelación de secretos», dice el magistrado.

En el documento se explica que esta investigación se abrió el 4 de diciembre de 2018 para conocer «las sucesivas contrataciones del entonces comisario en activo del Cuerpo Nacional de Policía José Manuel Villarejo Pérez por parte de altos directivos de la entidad BANCO DE BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA) no plenamente identificados en aquella fecha, salvo su responsable de Seguridad Corporativa, Julio Corrochano, también antiguo miembro del Cuerpo Nacional de Policía».

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El juez considera probado que el BBVA contrató al policía para «el desarrollo de múltiples servicios de inteligencia y/o de investigación de carácter patrimonial, de carácter ilícito atendida la incompatibilidad de los encargos asumidos por su entramado empresarial Grupo Cenyt, con su condición de funcionario policial en activo», lo que supone «un delito de cohecho pasivo».

El desarrollo de la prestación de los servicios contratados «implicó una reiterada injerencia en los derechos fundamentales de las personas». Esa múltiple contratación se llevó a cabo «a cambio de elevadas sumas de dinero, habiéndose localizado abonos en las cuentas titularizadas por la mercantil Club Exclusivo de Negocios y Transacciones (CENYT) por un importe total de 10.284.689,30 euros los cuales tendrían su origen en la prestación de servicios por parte de aquella a la entidad BBVA».

García Castellón explica que en estos 14 meses de investigación «se han practicado diversas diligencias en orden a comprobar la regularidad de determinadas transacciones realizadas en favor del Grupo Cenyt y de las políticas de cumplimiento de la mercantil BBVA». También añade que el juzgado ordenó el 19 de diciembre de 2019 que se librara un requerimiento de información y de documentación a Price WaterhouseCoopers (PwC) Asesores de Negocio, «al tiempo que se procedió a tomar declaración judicial de varias personas. Todas estas diligencias han exigido la máxima confidencialidad al objeto de asegurar los medios de prueba y evitar intromisiones en las diligencias acordadas. Del resultado del requerimiento librado a PwC se ha conferido traslado al Ministerio Fiscal, habiendo informado que resultaba suficiente al objeto de proceder al levantamiento del secreto acordado».

Fuente: El País