El juez ha aceptado la personación del Estado como acusación particular en el caso de los fondos buitre. La Abogacía del Estado, tal y como avanzó el presidente Pedro Sánchez el 12 de septiembre, tenía intención de solicitar participar como acusación particular en la causa penal contra la venta a fondos buitre de 5.000 viviendas de alquiler social que llevaron a cabo los gobiernos del PP en la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid.
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La causa está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 48 tras una denuncia de la Fiscalía por si hubo prevaricación y malversación. En concreto, el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), en 2013 con Ignacio González de presidente regional, vendió casi 2.935 viviendas sociales destinadas al alquiler. La venta fue declarada nula por un juzgado de Madrid. Por su parte, en una operación similar, el Ayuntamiento de Madrid, bajo el mando de Ana Botella, vendió otras 1.860 casas sociales en 2012. Las compraron los fondos de Goldman Sachs y Blackstone, y empezaron a subir las rentas y a desahuciar a quienes no pudieron pagarlas.
Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso del 12 de septiembre, Sánchez aseguró que al Ejecutivo «no le va a temblar la mano» para que las administraciones que están detrás de este «intolerable» abuso que ha afectado «a tantas personas humildes» asuman sus responsabilidades políticas y económicas. Poco después, el ministerio de Fomento, en un informe interno sobre la situación de la vivienda social elaborado por la Secretaría General de Vivienda y al que tuvo acceso EL PAÍS, concretaba la intención del Gobierno de que la vivienda deje de considerarse un bien especulativo. Por eso la regulación básica de los patrimonios públicos de vivienda social incluirá la protección “frente a posibles enajenaciones a personas jurídicas con ánimo de lucro” y que no respeten esa función social.
Fuente: El País