El jeque se convierte con el 10% en el tercer accionista del grupo por detrás de la Fundación Ramón Areces (37,39%) y la sociedad patrimonial IASA (22,18%) que comparten las hermanas Marta y Cristina Álvarez Guil (hijas de Isidoro), su primo Dimas Gimeno y la madre y el tío de este (hermanos de Isidoro), en la proporción de 70% las hermanas y 30% la familia de Gimeno.

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En cuanto al pulso familiar, el catarí, a través de su representante en el consejo de administración, Shahzad Shahbaz, se ha mantenido al margen. Gimeno trató de acercarle a su causa. Pero el catarí se abstuvo en la decisión del consejo de destituirle de la presidencia y luego se mostró de acuerdo en el nombramiento del sustituto. Su objetivo manifiesto es que la sociedad salga a Bolsa, algo que todavía está a la espera, aunque De la Rosa adujo que formaba parte de sus planes.

Posiblemente, en el consejo previsto para finales de este mes pueda despejar dudas y más en la junta de accionistas de finales de agosto, en la que previsiblemente se trate de descabalgar a Gimeno del puesto que mantiene en el consejo como remate final del asedio al que ha sido sometido.

El aterrizaje de Al Thani en El Corte Inglés fue todo un acontecimiento. Era difícil de imaginar que en una compañía tradicionalmente tan cerrada como los grandes almacenes entrara un inversor externo y menos extranjero. Pero la crisis también hizo mella en el imperio y la empresa necesitaba dinero. Fue el entonces presidente, Isidoro Álvarez, junto a su sobrino y delfín, Dimas Gimeno, el que negoció durante meses la llegada del ex primer ministro de Catar, que repartía sus inversiones en distintos sectores de distintos países, sobre todo en el de servicios en el Reino Unido. El veterano empresario concertó, además del préstamo convertible en acciones, la salida a Bolsa de la compañía.

Pero Isidoro Álvarez falleció en septiembre de 2014 y cuando se produjo la llegada del jeque catarí, en julio de 2015, habían pasado 10 meses. Por eso la operación la cerró Gimeno y suponía que la empresa cediera el 10% del capital por el citado préstamo de 1.000 millones al pasar tres años. Es decir, se valoraba la empresa en 10.000 millones de euros y la compañía se desprendería así de autocartera. Además de sentarse en el consejo de administración con un puesto, el inversor se reservaba la posibilidad de cobrar 225 millones de intereses del préstamo o elevar su participación un 2,25% adicional. Es decir, podía haber pasado al 12,25%, pero ha decidido cobrar esa parte en efectivo y se queda en el 10%.

Lo que sí podría sumar en el futuro es otro 2% en concepto de unas cláusulas recogidas en el acuerdo inicial, según el cual añadiría el 1% si no se cumplen unos objetivos de Ebitda (y parece que no se van a cumplir) y otro 1% condicionado a la salida a Bolsa, de manera que si la empresa tuviere un valor inferior a los 10.000 millones en que se valoró, tendría derecho a ese porcentaje. Es decir, que todavía podría acabar optando a controlar el 12%.

Conflicto por la sociedad patrimonial

Precisamente, en esta sociedad se centra el conflicto que mantienen Gimeno y sus primas. Estas tienen el control de la patrimonial y no han permitido que la otra parte pueda utilizar su participación, lo que les permitiría lograr ingresos para pagar el impuesto de sucesiones a la Comunidad de Madrid. Sobre dicha sociedad se centran las demandas interpuestas por César y María Jesús Álvarez contra sus sobrinas en las que les acusa de haber reducido 140 millones a 50.000 euros el capital de la sociedad sin habérselo notificado a los otros accionistas. Asimismo, hay una demanda civil de María José por haberse reducido de 10 a cinco millones la herencia directa que recibió de su hermano dando por bueno un documento en el que se expresa la supuesta voluntad de Isidoro Álvarez. Asimismo, existe una impugnación de las cuentas de la citada patrimonial.

Además, Gimeno impugnó el consejo en el que fue arrebatado de la presidencia de la empresa para otorgársela a Jesús Nuño de la Rosa y, posteriormente, interpuso una querella contra el exresponsable de seguridad la empresa, Juan Carlos Fernández-Cernuda, al que acusa de estafa y sobreprecio por haber adjudicado contratos de El Corte Inglés a empresas suyas y haber inflado los precios. Todo con el conocimiento de otros miembros del equipo directivo de la empresa. En paralelo, la empresa está a la espera de que la consultora EY finalice la investigación que encargó en tiempos de Gimeno en la presidencia.

No hay fecha para que el consejo reciba el informe de la consultora, pero todo indica que se alargará a después del verano. Y algo parecido puede pasar con la querella, que cayó en el juzgado número 45 de Madrid, y sobre la que Gimeno todavía no tiene noticias de su admisión a trámite. Según los indicios, es muy posible que no haya noticias hasta después de la junta de accionistas de agosto, en la que precisamente Gimeno puede dejar de ser miembro del consejo en lo que sería otro paso en su desvinculación de la empresa.

Fuente: El País