El partido socialista en el Gobierno portugués y el principal partido de la oposición, el PSD, se han puesto de acuerdo para que la Ley Uber salga adelante. Además, cuentan con el beneplácito de Marcelo Rebelo de Sousa, el presidente de Portugal, que había vetado la inicial. Con esta normativa, las plataformas online de los servicios de transporte público deberán pagar al Estado como contribución un 5% del importe de cada viaje realizado.

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La ley inicial preveía un pago de entre el 0,1% y el 2% en los casos de Uber, Cabify, Taxify y otros servicios de transporte que utilizaban la intermediación de una plataforma en Internet. En abril, el texto fue vetado por el presidente luso porque, en su opinión, faltaba un mayor equilibrio entre las tarifas de las plataformas de Internet y las de los operadores de taxi. Ahora ese pago se eleva al 5%, que se añade a otros desequilibrios en favor del taxi, como los carriles solo para ellos, las paradas gratuitas en la vía pública o las reservas con antelación, aparte de subvenciones y ventajas financieras para la renovación de vehículos.

Los socios del Gobierno, PC y Bloco de Esquerda, votaron en contra. Según el comunista Bruno Dias, el Gobierno ha caído «deslumbrado por las multinacionales». «Modernizar no es ir detrás del poder económico de las multinacionales; crear un régimen paralelo, dos regímenes administrativos para un mismo servicio», ha declarado.

Para el diputado del Bloco Heitor de Sousa, la ley portuguesa viola la reciente sentencia del Tribunal Europeo a favor de los taxistas de Barcelona en el sentido de que servicio como Uber son una actividad de transporte y no una actividad de plataformas electrónicas. «Se aprueba un auténtico laberíntico jurídico», ha afirmado De Sousa.

«Se aprueba un auténtico laberíntico jurídico», según el diputado del Bloco Heitor De Sousa

Así, dos años después de lo previsto, el Gobierno portugués ha regulado un fenómeno que se ha convertido en imparable entre sus ciudadanos, que usan estos servicios de Internet con mucha frecuencia por el mal servicio del taxi tradicional, bien por la obsolescencia de su flota de automóviles o por los servicios deficitarios en lugares clave, como el aeropuerto. «La legislación del taxi ha quedado obsoleta», ha asegurado el parlamentario socialista Ricardo Bexiga. «La tecnología ha resuelto varios problemas que hasta ahora se solucionaban con normas restrictivas», ha concluído.

La larga espera para respaldar un servicio de transporte público que vivía en la alegalidad ha dejado en el camino varias huelgas nacionales del sector del taxi, con agresiones a trabajadores de Uber, rotura de vehículos y detenciones policiales. Con la nueva ley, el taxi también podrá funcionar con operadores de esas plataformas electrónicas. Además, los conductores de Uber y similares deberán tener un contrato de trabajo y aprobar un curso de conducción.

Fuente: El País