El Gobierno confía en tener listo antes de que acabe esta legislatura, que como máximo se puede prolongar hasta junio de 2020, el nuevo modelo de pago por uso de determinadas autovías por las que hasta ahora se circula gratuitamente con el fin de asegurar el mantenimiento de estas infraestructuras, según ha apuntado esta mañana el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura.

El número dos del Ministerio de Fomento expresó además su convencimiento de que en el Parlamento existe «una amplia mayoría» para sacar adelante el pago por uso, a pesar de la «actual compleja composición de la Cámara», de forma que el nuevo modelo de financiación de las carreteras se «cierre cuanto antes, si es posible, dentro de esta Legislatura».

Con este anuncio, Saura precisa la llamada a la «reflexión» que hizo la pasada semana el ministro José Luis Ábalos para buscar una fórmula, “sea la que sea”, que asegure el mantenimiento de las autovías, que tiene un coste anual para el Estado de 11.000 millones de euros, y que se hace inviable porque cada vez hay más kilómetros (20.000 actualmente) y menos recursos públicos.

Subcomisión en el Congreso

Parece que el Gobierno quiere pasar de la reflexión a los hechos mediante la constitución de una subcomisión específica en el Congreso de los Diputados, en la que participarán el Gobierno, los responsables autonómicos, concesionarias y empresas del sector, expertos y todos los agentes implicados «con el objetivo último de que el nuevo sistema sea fruto del mayor consenso» y se «elija la mejor forma», según indicó Saura. Dicha subcomisión deberá elegir cuál será la fórmula de pago, desde peajes blandos, peajes en la sombra o peajes puros y duros.

El secretario de Estado hizo estas afirmaciones durante una jornada sobre infraestructuras organizada por las patronal de constructoras y concesionarias Seopan y la de ingeniería Fidex. Precisamente, Seopan ha propuesto la semana la extensión de peajes a toda la red viaria de gran capacidad (autovías y autopistas) con concesiones a 25 años, lo que aportaría al Estado entre 60.000 y 110.000 millones de euros, dependiendo de las tarifas aplicadas

En consonancia con la petición de la patronal, Saura admitió que en política de infraestructuras «no se nos ocurre otra vía que no sea la inversión público-privada» y, tras demandar un modelo estable de financiación «que ahora no tenemos», no dudó en señalar que la música «a música de lo que se está diciendo en el sector suena bien para el Ministerio de Fomento».

Fuente: El País