El Consejo de Ministros prevé aprobar este viernes el techo de gasto para 2019, el trámite con el que comienza la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado del próximo año. Junto a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comparecerá también la titular de Economía, Nadia Calviño, para informar sobre la actualización del cuadro macroeconómico, los supuestos económicos sobre los que se construyen las cuentas públicas.,

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Montero ha avanzado un aumento del techo de gasto para el próximo año. El aprobado por el anterior Gobierno del PP para 2018 ascendía a 119.834 millones de euros, un 1% más que el ejercicio precedente y fue el primer aumento después de tres años seguidos de retrocesos. Está previsto que el límite de gasto no financiero, como se conoce oficialmente al techo de gasto, aumente entre un 4% y un 8%, teniendo en cuenta los ingresos adicionales aportados por el ciclo económico y los que reporten las subidas de impuestos anunciadas por el Ejecutivo. Podemos había reclamado un incremento del gasto de los ministerios superior, de hasta 15.000 millones.

Nuevo calendario para bajar el déficit

Junto al techo de gasto se aprobarán los objetivos de déficit y deuda pública para el periodo 2019-2021. Calviño ya avanzó que revisará la senda de consolidación fiscal para los próximos años. El nuevo calendario de reducción del déficit fija un objetivo del 1,8% del PIB para 2019, cinco décimas más de lo acordado con Bruselas hasta ahora. Para 2020, la nueva meta sube al 1,1% frente al 0,5% comprometido hasta ahora. Y en 2021, los números rojos que permitirá el Gobierno ascenderán al 0,4% del PIB. El anterior Ejecutivo había programado un superávit del 0,1%. La nueva senda permitirá al Gobierno aplazar un ajuste de 6.000 millones este año y hacer un esfuerzo más gradual durante los siguientes ejercicios.

El Gobierno también revisará las perspectivas económicas. Los cálculos actuales sitúan el crecimiento del PIB en el 2,7% este año y el 2,4% el próximo. El Ejecutivo podría revisar una décima al alza el crecimiento de la actividad de este año, hasta situarlo en el 2,8%, en línea con los pronósticos del FMI y de la Comisión Europea. Además, reequilibrará la composición del crecimiento con menos aportación del sector exterior y más del consumo interno. La reducción del peso del sector exterior es consecuencia del aumento de la incertidumbre sobre el comercio mundial por la guerra arancelaria desatada por Donald Trump. Por su parte, se espera más consumo de los hogares tras la subida del sueldo de los funcionarios, de las pensiones y la rebaja fiscal incluidas en los presupuestos de este año aprobados hace un par de semanas.

Problemas en el trámite

El Gobierno deberá extremar su actitud negociadora para aprobar los nuevos objetivos de estabilidad presupuestaria. Aunque el techo de gasto no se vota, el Congreso y el Senado deben validar los objetivos de déficit y deuda pública y su reparto entre las diferentes administraciones públicas. La primera votación se producirá el próximo 24 de julio en el Congreso y pasará al Senado, donde se votará, previsiblemente, una semana más tarde.

El Gobierno se puede encontrar con varios obstáculos durante la tramitación parlamentaria. En primer lugar, tendrá que lograr el apoyo de la mayoría del Congreso. Podemos puede oponerse en la Cámara Baja al ver que el Gobierno no le hace caso en su petición de elevar más el techo de gasto y suavizar aún más el calendario de reducción del déficit.

En el Senado, espera un PP que controla la cámara y que no dejará pasar ni una después de la moción de censura. Además, las comunidades gobernadas por el PP votaron el jueves en contra de los nuevos objetivos de déficit que les permitían gastar más. Esa postura ofrece una pista sobre la actitud del PP en el trámite parlamentario.

Bloqueo en el Senado

Fuentes del Gobierno aseguran que si no logran sacar adelante los nuevos objetivos de déficit elaborarán los Presupuestos con los objetivos actuales.  Así que el posible rechazo a las cuentas no impedirá que el Gobierno de Pedro Sánchez presente antes del 30 de septiembre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019.

No obstante, el rechazo parlamentario a los nuevos objetivos presupuestarios sería visto con recelos desde la Comisión Europea, ya que obligaría a acometer ajustes más agudos el próximo año, cuando coinciden elecciones autonómicas, municipales y europeas. El Ejecutivo quedaría en evidencia por su debilidad política al contar con solo 84 diputados de los 350 escaños que tiene la cámara.

Fuente: El País