El Consejo de Ministros, a propuesta de Transición Ecológica, aprobó ayer el real decreto ley por el que “se adecúan” las competencias de la CNMC a la normativa comunitaria, que establece que los reguladores de los mercados interiores de gas y electricidad deben ser independientes. Con esta decisión, que adelantó CincoDías en diciembre, “España adopta un marco regulatorio e institucional claro, estable y predecible, que otorga seguridad jurídica a los ciudadanos y agentes del sector energético”, señaló el Gobierno en un comunicado.

 En septiembre de 2016, la Comisión Europea, tras iniciar de oficio una investigación, emitió un dictamen motivado concluyendo que las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE se habían traspuesto incorrectamente al ordenamiento jurídico español. “Dado el tiempo transcurrido -indica en el Gobierno-, resultaba urgente realizar este ajuste legislativo pues cabe la posibilidad de que la Comisión presente un recurso de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.

La incorrecta trasposición de dichas directivas mercado había provocado también una importante litigiosidad ante el Tribunal Supremo entre la CNMC y el Gobierno, “que resulta perjudicial para el interés general y que conlleva incertidumbre jurídica”, indica el comunicado.

Con este real decreto-ley -añade-, se pone fin a esta situación “realizando un reparto respetuoso con el derecho comunitario y que dota a España de un marco regulatorio que garantiza a la CNMC la independencia necesaria para el ejercicio de sus funciones”. De esta manera, el Gobierno cumple con el compromiso adquirido en junio con el comisario de Energía y Clima, Miguel Arias Cañete, que dio de plazo hasta finales de año (que prrogó después a este mes de enero) para resolver el problema.

Según el RDL, que entra hoy en vigor y debe ser convalidado en un mes en el Congreso, la CNMC tendrá la potestad para aprobar la estructura, metodología y valores concretos de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de gas y electricidad, y a las plantas de gas natural licuado. Asimismo, aprobará las retribuciones de las actividades de transporte y distribución de gas y luz y GNL y la retribución del operador del sistema eléctrico y del gestor del sistema gasista.

Además, el Ejecutivo aprobará las reglas y supervisará que se aplican las medidas necesarias para garantizar el suministro en situaciones de emergencia. y los llamados cargos de las tarifas, como incentivos a las renovables, y la función planificadora de las redes de transporte, conforme a las recomendaciones que podrá hacer la CNMC. El Gobierno determinará los criterios y procedimientos que la concesión de acceso y conexión deba satisfacer para el cumplimiento de los objetivos de política energética y penetración de renovables. En cualquier caso, la CNMC deberá de tener en cuenta a la hora de aplicar estas competencias la política energética.

Cooperación con el ministerio

Aunque en lo esencial el Ministerio para la Transición Ecológica y la CNMC han estado de acuerdo en el contenido del real decreto ley aprobado ayer por el Gobierno, no han faltado posiciones extremas en ambas partes. Especialmente, en cómo debe la CNMC respetar la política energética del Gobierno a la hora de fijar tarifas y retribuciones energéticas.

Para ello, con carácter previo al inicio de la tramitación de las circulares normativas de la CNMC, el Gobierno “podrá emitir un informe sobre la adecuación de la propuesta a las orientaciones”. En caso de discrepancias, se convocará una Comisión de Cooperación, un organismo de nueva creación compuesto por tres personas en representación de la CNMC y otras tres por la Secretaría de Estado de Energía.

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Fuente: Cinco Días