Francisco Gómez Martín fue consejero delegado del Banco Popular en un periodo muy convulso para la entidad: desde enero de 2013 a julio de 2016, años de crisis interna, aunque de cierta recuperación en el sector financiero. Este martes ha declarado ante el juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, y ha defendido su actuación en la entidad rechazando las acusaciones realizadas hace semanas por Emilio Saracho, expresidente del Popular hasta su caída en junio de 2017. Gómez abandonó el cargo por exigencias de una parte del consejo de administración que pidió un cambio de ejecutivo. 

Gómez ha defendido este martes la ampliación de capital acometida por la entidad en la primavera de 2016, un año antes de su disolución, por 2.500 millones de euros y ha negado que hubiera datos incorrectos en las cuentas con ocultación de morosos, según fuentes jurídicas presentes en la declaración.

Como también afirmó ante el juez Roberto Higuera, exvicepresidente, Gómez ha comentado que los supervisores, el Banco de España y el Banco Central Europeo (BCE), conocían los detalles de la ampliación y les pareció una cantidad adecuada. Saracho aseguró que el Popular precisaba 8.000 millones, es decir, 5.500 millones más de los que pidieron a los accionistas porque requería provisionar activos morosos del balance.

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Otra de las grandes cuestiones que se dirime en la instrucción de este caso es si la ampliación de junio de 2016 se llevó a cabo con créditos del propio Popular sin que se declarara con el fin de elevar artificialmente el capital de la entidad. Gómez ha calificado esta afirmación de Saracho de «calumnia» y lo ha rebatido afirmando que no era necesario porque la operación estaba completamente asegurada por UBS y Allianz.

Un Hecho Relevante provocado

La ampliación es clave porque dio origen a un hecho relevante del 3 de abril de 2017 con una reexpresión de las cuentas que supuso el inicio del fin del Popular por la pérdida de confianza que provocó en los inversores y clientes. Según las fuentes consultadas, el ex consejero delegado ha dicho que fue Saracho el que «provocó la emisión de este hecho relevante», aunque no ha aclarado con qué fin. Gómez cree que no había motivo para hacerlo porque no hubo autofinanciación y porque las cuentas que había que ajustar eran de escaso importe. 

El antiguo número dos del Popular, que trabajó bajo el mandato de Ángel Ron, que fuera presidente hasta la llegada de Saracho, también ha negado otra cuestión relevante: que las tasaciones de los activos inmobiliarios estaban ajustadas a precios de mercado. Saracho lo negó y sugirió que estaban infladas. Gómez ha puesto como ejemplo que vendieron activos por 2.000 millones en 2015 «con plusvalías». 

Durante su declaración, que se ha prolongado durante unas cuatro horas en las que ha contestado al instructor, al fiscal anticorrupción, y a su abogado, Carlos Aguilar, ha llegado a comentar que el Popular era la envidia de los bancos medianos españoles.

Fuente: El País