Cuando se analizan los planes de futuro de El Corte Inglés, siempre está sobre la mesa una futura salida a Bolsa. Y aunque la compañía parece dar pasos en ese sentido, la llegada a los parqués del principal grupo de distribución del país no se espera a corto plazo. La prioridad es que el grupo siga fortaleciendo sus ingresos y su rentabilidad.

Desde la compañía se presume de las medidas tomadas para profesionalizar su gestión, tanto por la apuesta por Jesús Nuño de la Rosa y Víctor del Pozo, como por las medidas de buen gobierno corporativo que se han llevado a cabo en los últimos meses, sin esconder que la intención es parecerse cada vez más a una compañía cotizada. En este sentido se explican medidas como la creación de la comisión de auditoría y control y de la función de cumplimiento normativo; la aprobación de un código ético, o la futura creación de una comisión de responsabilidad social empresarial para el próximo septiembre, “algo que solo tienen el 25% de las cotizadas”, remarcan en El Corte Inglés.

Entre esa batería de medidas, la empresa también prevé incrementar el número de consejeros independientes presentes en su máximo órgano de gobierno. Ahora mismo solo cuenta con uno, Manuel Pizarro, y la obligación para las empresas cotizadas es que estos perfiles supongan, al menos, la mitad del los miembros de su consejo de administración.

Tres de los consejeros actuales de El Corte Inglés terminan su mandato de cinco años. Los históricos Florencio Lasaga y Carlos Martínez Echavarría, y la representante de Cartera Mancor, Paloma García Peña. Esta ya ha trasladado su intención de continuar, mientras que los otros dos no se han pronunciado. Si decidiesen seguir, los accionistas aún deberían dar su visto bueno.
Estos también podrán votar la continuidad de Dimas Gimeno como consejero, si este no llega a un acuerdo previo con la compañía. Según ha podido confirmar este periódico, abogados del despacho Sagardoy, en representación de la empresa, y de Cremades, asesores legales de Gimeno, tratan durante estos días la desvinculación de este, aunque sin cifras aún concretas. En medio de la negociación está la demanda de impugnación del consejo del 14 de junio, que confirmó el cese del expresidente de su cargo, y que ha sido admitida a trámite; y la querella contra el exresponsable de seguridad, Carlos Fernández-Cernuda, por presuntos delitos societario y de corrupción entre particulares en el seno de ese departamento. La investigación interna encargada por la compañía se ha cerrado sin detectar irregularidades.

Fuente: Cinco Días