El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves el informe sobre la investigación de la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro. Un documento, que tras un año y medio de trabajo ha sido respaldado por todos los grupos parlamentarios a excepción de Unidos Podemos y Ciudadanos. Los primeros se ha abstenido porque quería que el texto hubiese sido más severo, y los de Albert Rivera, que ha votado en contra, por sus discrepancias en relación con la politización a la que responsabiliza de la caída de las cajas de ahorro.

Los grupos parlamentario consideran que el Banco de España y el resto de organismos de supervisión «no hicieron frente a sus obligaciones» para actuar contra la burbuja inmobiliaria y de crédito. También culpan a los gestores. En particular, en el caso de Bankia, dicen que realizaron «prácticas acreditadas como delictivas en el sistema de remuneración de sus dirigentes», y que estas fueron producto, entre otras cosas, «de una gobernanza altamente defectuosa» en la entidad.

Las conclusiones de la Comisión parlamentaria han cobrado una especial relevancia después de que se haya sabido que el Banco de España da por perdidos, de momento, más de 42.000 millones de los contribuyentes, una factura que ha elevado la deuda pública. Entre las conclusiones y propuestas del dictamen destacan las que hacen referencia a la profunda reforma de los organismos supervisores.

Así, se propone al Gobierno «que adopte medidas que aseguren la efectividad e independencia de los supervisores de solvencia, mercados, contabilidad y auditoría y resolución, asegurando que no se dan conflicto de interés en el ejercicio de sus funciones ni coincidencias de miembros en sus órganos de gobierno». 

Supervisión efectiva y transparente

Además, se solicita al Ejecutivo «que pueda iniciar un proceso de formalización de procedimientos a seguir por parte de los supervisores que aseguren su efectividad y transparencia, sin ser necesarias nuevas comisiones de investigación para entender el papel de cada uno de ellos». Los partidos coinciden en que el modelo de supervisión existente de las entidades de crédito y productos bancarios (Banco de España), de los mercados de valores y servicios de inversión (CNMV) y de las compañías de seguros y fondos de pensiones (Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones), «genera muchas ineficiencias, conflictos y arbitrajes regulatorios, ya que los principales agentes que intervienen en los mercados son entidades que operan simultáneamente en los tres subsectores».

Para minimizar o eliminar estos problemas, se propone abogar por «el modelo de supervisión funcional, conocido como twin peaks, que ya han adoptado algunos de los países del entorno. Este modelo articula la supervisión en torno a dos instituciones, una entidad supervisora de la solvencia de todas las entidades financieras y otra encargada de la supervisión de las normas de conducta». Este modelo lo reclamó el economista Fernando Restoy en 2016, y estaba recogido en el programa del PP. Sin embargo, provocó una crítica radical del Ministerio de Economía, dirigido entonces por Luis de Guindos. 

Autoridad de protección para el cliente

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Los partidos han acordado pedir la «creación de una autoridad de protección del cliente financiero. Existe un compromiso legal de constituir una autoridad para la resolución extrajudicial de litigios en materia financiera, englobando y perfeccionando las labores que actualmente realizan los servicios de reclamaciones del Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Mejorar la protección de los clientes financieros, en particular los minoristas, es uno de los principales retos pendientes», concluyen.

La Comisión también baja a algún detalle y pide que los consejeros de los tres organismos supervisores no se solapen en los diferentes consejos para evitar conflictos de interés. También solicita que la Junta Única de Resolución (JUR) europea, inyecte liquidez antes de intervenir un banco, algo que no sucedió en el caso del Popular.

En otra materia menos legal, se considera «imprescindible mejorar la imagen y la reputación del sector, muy afectadas como consecuencia de la crisis. La supervivencia de cualquier sector depende de que la sociedad quiera que exista, que entienda que es útil. Y la sociedad está muy decepcionada pensando que la crisis que hemos vivido, y que ha supuesto el descenso del nivel de vida de muchas personas, obedece al comportamiento de los banqueros”.

También consideran «esencial reconstruir la relación de confianza con los clientes, poniéndoles siempre en el centro de todas las decisiones, haciendo un esfuerzo continuo por mejorar la transparencia y hacer productos más sencillos, pero también promoviendo la educación financiera, que permita a las personas tomar decisiones más informadas, y dando herramientas y recomendaciones prácticas personalizadas».

En la sesión de esta mañana, la Comisión ha aprobado el informe que es un relato de la investigación llevada a cabo por el Congreso, con citas y datos a partir de los documentos aportados por cada uno de los grupos.

Mirar para otro lado

Además de este informe, la comisión ha aprobado un bloque de antecedentes, con una relación de la documentación solicitada por la comisión y la relación de comparecientes solicitados, tanto los que finalmente acudieron a rendir explicaciones, como las de aquellas personas que no lo hicieron.

En el informe se concluye que durante la crisis, el supervisor, tanto bajo el control de Jaime Caruana (2000-2006) como de Miguel Fernández Ordóñez (2006-2012) miró para otro lado, algo de lo que siempre han acusado los inspectores.  «Había herramientas disponibles» para actuar por parte del Banco de España, pero que estas herramientas «no se usaron por falta de voluntad política» y carga contra el supervisor en su gestión sobre las preferentes pues cree que «propició» su venta pese a tener «constancia sobre la aversión a estos productos por parte de los inversores institucionales».

Además de supervisores y sector financiero, el informe apunta también a los gobiernos de Felipe González y José María Aznar por la aprobación de diferentes leyes. Al presidente del PP le achacan la Ley del Suelo, que «favoreció el aumento de suelo urbanizable disponible, y al socialista la regulación de fondos de titulización, que permitió que los créditos no figuraran en las cuentas de entidades y así no asumir el riesgo.

«El sistema normativo vigente en ese momento creó el marco propicio para el hipercrecimiento e hiperfinanciamiento del negocio inmobiliario y constructivo», reza el documento, en el que la comisión rechaza que la crisis surgiera «porque los ciudadanos vivieran ‘por encima de sus posibilidades'». «Fueron las entidades financieras las que prestaron muy por encima de sus capacidades, y fueron los entes reguladores y supervisores los que obraron muy por debajo de sus responsabilidades», sostiene.

Entre 2000 y 2008, expone la comisión, el crédito al sector de la construcción y promoción aumentó en un 661% y el crédito hipotecario en un 335%. El 63% de todo el crédito al sector privado estaba concentrado en esos años en actividades inmobiliarias.

«Malas prácticas en bancos y cajas»

El informe también subraya que las «malas prácticas se dan generalizadas en todo el sector, incluyendo bancos y cajas» y que la crisis «afectó por igual a cajas y bancos», si bien, apostilla el texto, «la resolución de los problemas asociados no fue la misma en uno y otro caso».

«Del fracaso de las cajas no cabe concluir el éxito de los bancos. A estos últimos les salvó su diversificación internacional, mientras que en España también experimentaron dificultades y ayudas puntuales», abunda el informe, que pone de ejemplo el creciente peso del negocio internacional en las dos mayores entidades, Banco Santander y BBVA.

Respecto a los diferentes modelos de gestión, gobernanza y una posible politización de las entidades, el informe señala que «las decisiones erróneas son tomadas por personas particulares o grupos de personas, independientemente de su profesión o filiación», y también la existencia de «incentivos perversos que promueven la toma de decisiones erróneas».

Errores particulares y politización

Uno de los puntos más conflictivos ha sido la determinación de la culpabilidad de la crisis de las cajas. Este punto ha provocado el voto en contra de Ciudadanos, que considera al PP y al PSOE culpable de la politización y la mala gestión de las cajas. En el informe se asegura que «lo que hay detrás de las malas praxis que se dieron en muchas entidades de crédito, tanto bancos como cajas de ahorros, son determinados grupos de personas muy concretos con motivaciones e intereses particulares», y niega que la diferente titularidad de cajas respecto a los bancos haya sido «un factor determinante en su diferente exposición a la crisis».

Por otro lado, defiende que «la profesionalidad de los altos directivos de las cajas de ahorros era similar a la que tenían los cuadros de dirección de los bancos». «La asunción de malas prácticas y la toma de decisiones erróneas no dependía, así, del nivel de capacitación, sino de otras motivaciones e inercias», subraya.

En este sentido, atribuye las malas prácticas en el sector a la búsqueda de mejoras en la cuenta de resultados «de manera creciente y continuada» y al «establecimiento de sistemas de remuneración e incentivos ligados a la consecución de objetivos». Una apuesta que, a su juicio, «promueve una visión cortoplacista de la gestión y un abandono de la toma en consideración de otros criterios relacionados con la asunción de riesgos, la ética o la propia sostenibilidad del sistema».

Fuente: El País