El presidente de Santander España, Rodrigo Echenique, ha reconocido este miércoles que en el grupo se seguía muy de cerca la evolución del Banco Popular pero ha asegurado que esta entidad «no era un objetivo prioritario ni inmediato».

Según ha explicado durante su comparecencia en la comisión del Congreso que investiga la crisis, la estrategia del Banco Santander pasa por ganar tamaño con su propio negocio, aunque la obligación es examinar las operaciones de compra que surjan.

Y entre ellas estaba el Banco Popular, con una cuota de entre el 5% y el 6% del mercado en España y del 2% en Portugal, por lo que el Santander estudió la posibilidad de presentar una oferta desde mayo por su competidor.

Sin embargo, después de analizar los datos del Banco Popular, la «misma información» de la que disponían el resto de las entidades que acudieron a este proceso privado, en el Santander se dieron cuenta de que no podían presentar una oferta en ese proceso privado y así lo comunicaron por escrito.

En concreto, Echenique ha aludido a las contingencias de la cartera inmobiliaria de la entidad, al elevado nivel de mora y a las hasta cuatro revisiones a la baja por parte de las agencias de calificación, unos problemas para los que «no todo el mundo tiene capacidad» de hacer frente.

De este modo renunciaron a las «ventajas estratégicas evidentes» de adquirir el Popular, entre las que se encontraba, ha destacado, ganar de mayor presencia en territorios donde la penetración del Santander era más limitadas, como Cataluña, y la cartera de autónomos y pymes.

El deterioro del banco y las dudas de una operación privada les llevaron a contemplar una solución distinta en el marco de la resolución de bancos, amparado en el reglamento europeo y en la ley española, aunque este escenario «no era ni deseable ni deseado», ha dicho.

En su opinión, era una solución «pésima» para el sistema financiero, ya que es «dramático» que un banco de 140.000 millones de euros de activos, que «no podía seguir funcionando ni un día más con su ausencia de liquidez», se encuentre en esa situación.

Pero llegada la intervención de la entidad, cuya situación era «verdaderamente crítica», Echenique ha justificado que el Santander se quedara con Popular por el precio simbólico de un euro, pero ha defendido que el grupo ha actuado «con la máxima lealtad y transparencia con sus accionistas».

Por esta operación el grupo Santander reclamará a Hacienda este año unos 1.000 millones
de euros en activos fiscales. Echenique ha reconocido que el Santander sí tuvo en cuenta el peso de los activos fiscales diferidos con los que contaba el Popular.

«Pues sí, se ha tenido en cuenta», ha respondido a preguntas del portavoz de Ciudadanos en la comisión, Francisco de la Torre, que se había interesado por los planes del grupo consolidado al respecto.

En este sentido, ha preguntado si solicitará la conversión de estos activos en una devolución tributaria o los compensará en sus bases imponibles,con créditos fiscales positivos dentro del grupo Santander. «¿Si se va a pedir la compensación a las autoridades o el pago? Tenemos previsto pedir 1.000 millones, y la autoridad tributaria verá si es pago o compensación», ha respondido Echenique.

Cuentas buenas

 En paralelo, Echenique ha descartado irregularidades en las cuentas del ejercicio 2016 presentadas por el Banco Popular, las últimas formuladas bajo el mandato de Angel Ron, y ha mostrado su «tranquilidad» respecto a los litigios heredados de la entidad.

Durante su comparecencia en la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera y el rescate bancario, Echenique ha asegurado que tras analizar dichos estados contables no han detectado ni errores ni falsedad alguna, aunque ha matizado que en última instancia deben determinarlo los auditores y la justicia.

El ahora también presidente del Popular se ha referido a los procesos actualmente abiertos en las distintas jurisdicciones, tanto en España como en los tribunales europeos, y ha destacado las dos piezas separadas que instruye la Audiencia Nacional y en las que se investiga a los últimos gestores del banco Angel Ron y Emilio Saracho, y sus respectivos Consejos de Administración.

En concreto, Echenique, que ha explicado que las cuentas de 2016 se elaboraron con la información y la normativa vigente en ese momento, se ha referido a la reexpresión llevada a cabo por el Popular a consecuencia, entre otros, de insuficiencias de provisiones.

Anunciada en abril de 2017, esta operación hizo ascender a 3.611 millones de euros las pérdidas del último ejercicio.

Al respecto, ha indicado que el propio socio de PwC, firma encargada de la auditoría externa del banco durante tres décadas, tras estudiar los números descartó que la entidad estuviera abocada a una reformulación al no generar «un impacto significativo».

Para Echenique, «no hubo ocultación sino mala operatividad» de los procesos internos del Popular, una circunstancia a la que se sumó la dotación «insuficiente de medios técnicos y humanos», y de la que estuvo informada la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Asimismo, ha añadido que el Santander no se verá afectado por estas pesquisas, una por la ampliación de capital y otra por una posible manipulación del mercado con noticias y datos presuntamente falsos, ambas pendientes del informe de los peritos puestos a disposición del juez Fernando Andreu antes de iniciar la ronda de declaraciones.

También se ha acordado de los recursos de los accionistas y tenedores de deuda subordinada del Popular, afectados por la amortización a cero de sus inversiones, en Europa, así como a las demandas interpuestas en la vía civil por la última ampliación de capital, en la que el Santander está «tranquilo» ya que existen sentencias «tanto favorables como desfavorables» y se refieren únicamente a la comercialización.

En este sentido, ha insistido en que un 40 % de los que acudieron a la operación son institucionales, por lo que «si se aplica la doctrina Bankia no hay posibilidades» de que sus pretensiones prosperen, en alusión al criterio fijado para las demandas de este tipo de inversores profesionales por la salida a Bolsa de la citada entidad.

Fuente: Cinco Días