Ocho personas han sido detenidas y otras cinco están siendo investigadas por la Policía Nacional por un presunto fraude contra la Seguridad Social realizado por empresas radicadas en las provincias de Málaga y Granada. El sistema con el que trabajaban los empresarios detenidos era simple y claramente perjudicial para los empleados. A estos se les detraía de su salario la cuota de sus seguros sociales. Esta, sin embargo, nunca fue ingresada en la Tesorería General de la Seguridad Social.

Según ha informado la Policía Nacional, son 21 las empresas investigadas -13 de ellas sociedades limitadas y ocho razones sociales a nombre de varios administradores- que elevarían la cantidad defraudada hasta los 2.099.295 euros. Los empresarios trabajaban, según la información oficial, en los sectores de actividades artísticas, restauración y gimnasios. Los detenidos han sido acusados de los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, delito contra la seguridad social y frustración de la ejecución. Este último delito consiste en la utilización de un dinero de otro para realizar un acto administrativo en este caso sin, precisamente, ingresar ese efectivo en la Administración. Está sancionado con pena de prisión de uno a cuatro años de cárcel y multa de cuatro a doce meses.

MÁS INFORMACIÓN

La investigación, según la Policía Nacional, comenzó a principios de 2018 a instancias de la Tesorería General de la Seguridad Social, que receló de las actuaciones de un grupo de empresarios relacionados con orquestas y grupos musicales. Les llamó la atención que daban de alta a sus trabajadores durante un periodo muy corto de tiempo, seis o siete meses, sin ingresar sus cuotas. La idea de los empresarios presuntamente delincuentes era no generar deudas muy altas y no llamar así la atención de las Unidades de Recaudación Ejecutiva que vigilan el fraude a la Seguridad Social.

El alta -más documental que otra cosa- duraba poco. Los empresarios daban de baja a los trabajadores para volver a repetir la operación tiempo más tarde bajo el nombre de nuevas sociedades. La Seguridad Social ha detectado 1.287 movimientos de este tipo, de trabajadores inscritos y dados de baja. El fraude era tan alto en cantidad de movimientos y empresas que los ahora detenidos ampliaron las operaciones desde Granada a Málaga. Allí comenzaron a crear empresas para repetir el mismo esquema. Ese traslado suponía, además, según explica la policía, una diversificación del riesgo, ya que cambiaba la Unidad de Recaudación Ejecutiva a cargo de la inspección. Estas les requirieron al pago en diversas ocasiones pero, ha informado la policía, nunca se hicieron cargo de sus deudas.

El modelo de fraude, no obstante, obligaba a mantener activas algunas empresas sin deudas con la Seguridad Social. Estas eran las que contrataban directamente con los Ayuntamientos y otras instituciones de la provincia de Granada, que desconocían el esquema fraudulento. Las sociedades legales subcontrataban posteriormente con las fraudulentas y se facturaban entre ellas.

Según ha explicado la policía en su comunicado, los empresarios ahora detenidos podían ofrecer precios mejores a los Ayuntamientos e instituciones que el resto de empresas del sector que sí operaban en regla y pagaban todas sus obligaciones a la Administración.

Fuente: El País