Las cajetillas parecían ser de las mejores marcas del mercado, pero era solo apariencia. En realidad, los cigarrillos que contenían eran falsos. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil intervinieron el pasado 4 de octubre más de 2,3 millones de cajetillas fraudulentas listas para ser comercializadas en el que ha sido el mayor golpe dado hasta ahora en España a las tramas del tabaco ilegal por el volumen intervenido y el fraude detectado. La operación ha permitido desmantelar cuatro fábricas clandestinas de cigarrillos. Dos de ellas funcionaban a pleno rendimiento desde comienzos de septiembre en las localidades de Seseña (Toledo) y Mairena de Alcor (Sevilla). Las otras dos, situadas también en ambas provincias, estaban a la espera de recibir parte de la maquinaria necesaria para empezar a elaborar cajetillas. Todas ellas estaban controladas por una única organización criminal con origen en los países del Este sobre la que la Guardia Civil ha abierto una nueva línea de investigación por supuestas conexiones con el tráfico de droga
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La bautizada como Operación Lerna se ha saldado con 47 personas detenidas (28 moldavos, nueve ucranianos, seis rumanos, un francés, dos españoles y un búlgaro, este último era su máximo responsable) de los que 16 han ingresado en prisión. Además de las cajetillas, los agentes han intervenido 69 toneladas de picadura de tabaco y 600.000 euros en metálico presuntamente fruto de la venta de parte de los cigarrillos ya elaborados. Desde 2013, cuando se descubrió en Coslada (Madrid) la primera fábrica ilegal de tabaco en España, las Fuerzas de Seguridad del Estado habían desmantelado otra media docena, además de una quincena de instalaciones clandestinas de picadura de tabaco, pero ninguna con el volumen de producción de las de Toledo y Sevilla: 34.000 cajetillas a la hora de manera conjunta, lo que equivale a un beneficio de 153.000 euros y un fraude de 120.000 euros a la hora.
Las pesquisas han revelado que estas dos fábricas se instalaron a lo largo de los meses de verano y que comenzaron a funcionar poco después de manera continúa durante las 24 horas de días. No lo dejaron de hacer hasta que la Guardia Civil entró en ellas para detener a los responsables. Para mantener este ritmo, la trama organizó en cada una de ellas dos equipos de siete trabajadores especializados que se iban turnando para que la fabricación no parara. La organización operaba con extremas medidas de seguridad que aplicaban no solo a los traslados de la mercancía -utilizaban vehículos para hacer contravigilancias en las rutas que recorrían los camiones- como en las propias fábricas.
De hecho, los trabajadores no abandonaban sus instalaciones en ningún momento durante los meses que trabajaban. Los cabecillas habían habilitado parte de las naves para darles alojamiento en catres y habían dispuesto útiles para cocinar y una despensa. Incluso habían instalado un rudimentario gimnasio para que se entretuvieran en las horas de descanso. Además, las naves estaban insonorizadas para evitar despertar sospechas en las empresas colindantes y contaban con generadores de electricidad autónomos para evitar que se interrumpiera la producción si había un corte de luz.
Las cifras del fraude destapado por la Guardia Civil son millonarias. Los investigadores estiman que las 34.000 cajetillas que las dos fábricas en funcionamiento elaboraban en una hora generaban a la organización 153.000 euros de beneficios y un fraude de 120.000 euros a las arcas públicas. Las 2.373.000 cajetillas falsificadas intervenidas hubieran reportado a la organización unos beneficios de 7,5 millones de euros. Además, las 69 toneladas de picadura de tabaco tienen un valor de 16 millones de euros. La Guardia Civil también confiscó cartonaje de primera marcas como para fabricar casi dos millones de cajetillas más.
La Operación Lerna confirma una tendencia detectada en España en los últimos años. Tras el repunte del comercio ilícito de tabaco en 2009 -fruto, según los expertos, de la crisis económica y el consiguiente aumento del desempleo-, el negocio de contrabando de cajetillas dejó de estar centrado en Gibraltar, Andorra y Canarias para buscar otras vías de entrada en España de la mano de grupos organizados de los países del Este. Estos comenzaron a introducir las llamadas illicit whites, cigarrillos fabricados legalmente en esta zona de Europa y que eran distribuidos de manera ilegal por estas tramas con marcas blancas. La mayoría llegaba en camiones o en contenedores de barcos que atracaban en los puertos de Algeciras, Valencia, Barcelona, Santander o Vigo, siempre camuflados bajo una mercancía pantalla. Estas cajetillas eran vendidas entre uno y dos euros más baratos que las marcas comercializadas a través de los estancos.
En 2013, las redes cambiaron de estrategia ante el riesgo de que la mercancía fuese interceptada durante su transporte hacia España o al llegar. Comenzaron entonces a instalar fábricas en España utilizando maquinaria importada como útiles agrícolas. También traían operarios especializados, como ahora ha demostrado la red desmantelada por la Guardia Civil. Las mafias situaban las fábricas ilegales cerca de las zonas de mayor consumo de tabaco falsificado o de contrabando y, a veces, funcionaban durante poco tiempo para, posteriormente cambiarlas de lugar y así evitar que fueran detectadas.
Fuente: El País