El grupo de inversores mexicanos liderado por Antonio del Valle, autodenominado MIG, compuesto por más de 40 particulares y 10 sociedades y fondos de inversión con unos 470 millones de euros perdidos tras la resolución y posterior venta de Banco Popular en junio de 2017, ha presentado un
recurso de apelación contra el fallo del Tribunal de Nueva York en la solicitud de ‘discovery’.

El pasado 19 de octubre, el juez Edwardo Ramos, del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, denegó la solicitud de MIG, junto a los fondos Pimco y Anchorage Capital, a Banco Santander de revelar la documentación de que pudiera disponer sobre el proceso de resolución
de Banco Popular. Sólo estimó la petición de Pimco y Anchorage respecto a Santander Investment Services (SIS), una filial dedicada a la actividad de bróker dealer, que según Santander, carece de documentación sobre este caso.

Concretamente, Del Valle ha presentado una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de EEUU del Segundo Circuito. «Creemos firmemente que la petición de exhibición presentada por el grupo de inversores mexicanos cumple con cada uno de los requisitos de la ley y que los hechos relevantes y los precedentes apoyan la exhibición de pruebas», ha indicado el socio del despacho de Kirkland & Ellis, Javier Rubinstein, que representa al MIG.

Los afectados iniciaron el pasado mes marzo este procedimiento legal en Estados Unidos al considerar que la Justicia estadounidense es «más garantista» que la española en este tipo de procesos.

Según ha explicado Rubinstein, resulta «injustificable que Banco Santander, como comprador y ahora único propietario de Banco Popular, con una participación activa y central en el proceso de resolución, se oponga a la transparencia».

El grupo de inversores mexicanos, que controlaba el 4,5% del capital de Popular, también mantiene abiertos otros frentes legales, como las dos solicitudes de arbitraje internacional contra España, al considerar que el proceso de resolución del banco incumplió las garantías y protecciones establecidas en el Tratado Bilateral de Inversión España-México (2006).

El MIG ha presentado una solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un organismo del Banco Mundial, así como una notificación de arbitraje en virtud de las Reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas
para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).

Fuente: Cinco Días