“El salario mínimo amenaza con perjudicar la dinámica del empleo”, aseguraba en 2014 Jens Weidmann, presidente del banco central alemán. Más rotundos se mostraban sabios como los del instituto económico y lobby empresarial INSM, que anticipaban que la decisión del Gobierno de Angela Merkel —presionada por sus socios socialdemócratas— de obligar a los empresarios a pagar a sus empleados al menos 8,5 euros por hora iba a costarle al país hasta 570.000 puestos de trabajo. Visto con perspectiva, ninguno de estos escenarios catastrofistas se ha cumplido. Es cierto que tuvo algún efecto negativo sobre algunos puestos de baja calidad —especialmente en los llamados minijobs—, pero en estos cuatro años con salario mínimo, Alemania ha creado más de 2,2 millones de empleos. Y su tasa de paro ha pasado del 5% al 3,4% del pasado septiembre, según Eurostat, alcanzando el nivel más bajo desde la reunificación de 1990.
Es imposible anticipar si algo parecido va a ocurrir con las palabras del pasado miércoles del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. El homólogo español de Weidmann criticó con dureza los planes del Gobierno de elevar el salario mínimo un 22%, en la que sería la mayor alza de la democracia. “El incremento en cuantías reducidas tiene poco efecto. Pero tenemos pocas experiencias de subidas altas. Ninguna de un 22%”, aseguró el gobernador, que incluso se atrevió a pronosticar cuántos empleos costará esta decisión: un 0,8% de los existentes, es decir, en torno a 150.000.
El economista José Moisés Martín Carretero ha reunido 28 artículos que estudian los efectos sobre el empleo que han tenido subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) en lugares tan distantes como EE UU, Australia o México. En la mayoría no se detectó un impacto significativo; y donde sí hubo alguno, este se centró en grupos determinados, como los jóvenes o las personas con poca cualificación.
Solo un caso, el de la ciudad estadounidense de Seattle, presenta un efecto claro. En esta urbe de la costa oeste que en los noventa fue cuna del grunge se aprobaron en dos años tres rondas de subidas de en total el 37%. Y el efecto negativo solo se apreció a partir de la tercera tanda, con una caída del empleo del 9% entre aquellos con menos salarios, según recuerda Martín Carretero. “En términos de productividad, la economía española podrá aguantarlo. El problema será el efecto en el mercado de trabajo. Si en lugar de en un año se hiciera en dos, la medida sería absorbida sin problemas”, asegura este cofundador del colectivo Economistas Frente a la Crisis.
Rafael Domenech, responsable de Análisis Macroeconómico de BBVA Research, sí cree que la evidencia internacional permite extraer algunas lecciones; y señala que en dos de cada tres casos estudiados el efecto sobre el empleo fue negativo. “Tan dañino puede ser un salario mínimo nulo como otro excesivamente elevado. Lo verdaderamente difícil es calibrar el nivel óptimo. Por eso los aumentos deben ser graduales. Y hay que evaluar cómo afectan a los colectivos más vulnerables, como jóvenes o trabajadores con menor cualificación”, explica.
España, con el pacto Gobierno-Podemos de pasar de un salario mínimo de 735,9 a 900 euros en solo un año, entra en territorio desconocido. Ningún país de nuestro entorno ha dado un salto tan grande en tan poco tiempo. Y es aquí donde los expertos se dividen entre los que aplauden el aumento de renta disponible que recibirán las personas con sueldos más bajos; y los que alertan de los perjuicios que la medida puede ocasionar precisamente a los sectores más vulnerables que se trata de ayudar.
“Las comparaciones con otras experiencias no sirven. Porque el salario mínimo se fija en cada país de forma distinta”, asegura Florentino Felgueroso, investigador de Fedea, el think tank financiado por las grandes empresas. Este profesor de Economía admite que es imposible anticipar los efectos sobre el empleo del nuevo suelo salarial, pero sí asegura que, al aumentarlo a 900 euros, hay muchas posibilidades de que el saldo neto de empleo descienda: “Es como si alguien fuma una cajetilla al día. No puedo garantizarle que vaya a tener cáncer, pero sí tiene muchas papeletas”.
El caso español es especial por dos motivos. Primero, porque en comparación con sus vecinos, el salario mínimo está ahora entre los más bajos. Entre los socios de la eurozona occidentales, los 852 euros actuales —calculados en 12 pagas, en lugar de 14— quedan por delante solo de Portugal y Grecia, ambos en torno a los 680. Y muy lejos de los cerca de 1.500 que comparten Holanda, Bélgica, Francia, Alemania y Reino Unido. Pero las subidas —pasadas y previstas para el futuro— del SMI en España también superan a las de su entorno. No se trata solo de 2019. Tras repuntar en 2017 un 8%, en solo tres años habrá subido un 37%. El precedente más cercano sería lo ocurrido entre 2004 y 2007, cuando, en pleno boom económico, repuntó un 24%.
Los cálculos del Banco de España de destrucción de empleo —o más exactamente, de no creación: los 150.000 puestos de los que hablaba Hernández de Cos se restan de los que se preveía generar el próximo año— exceden los que ya había presentado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
Su presidente, José Luis Escrivá, mostró la semana pasada un discurso más diplomático que el del gobernador del Banco de España. Por una parte, destacó que, con la subida “sin precedentes” se reducía la brecha entre el salario mínimo español y el del resto de economías desarrolladas. Y que esta medida aumentaría la remuneración de los asalariados en 700 millones de euros; y la renta disponible en 1.750 millones.
En el lado negativo de la balanza, Escrivá se refirió a 79 estudios para calcular un impacto negativo de destrucción de al menos 40.000 empleos en 2019 y otra cifra adicional en años posteriores. Así, los 150.000 puestos de trabajo menos que calcula el Banco de España se convierten en 80.000 en las estimaciones de la Airef. Un cálculo parecido al de BBVA Research: la subida del SMI afectaría al 9,7% de los trabajadores, de los cuales aproximadamente un 5% (unos 80.000 trabajadores) podrían perder su empleo o ver reducido el número de horas trabajadas.
“El aumento del salario mínimo disminuiría la desigualdad salarial pero podría incrementar la desigualdad de rentas”, señala Domenech. Y añade que, en la medida en que la economía siga avanzando, la creación de empleo será menor que la que se esperaría sin el aumento del SMI, pero seguirá siendo positiva.
Un mínimo muy mínimo
El trabajador español con salario mínimo en 2017 tenía que conformarse con un 37% del sueldo de la media de los asalariados de su país. Es esta la tasa más baja de todas las que ofrece Eurostat. En Alemania, este porcentaje sube al 41%; en Reino Unido al 44%; y en Portugal al 48%.
Pero, ¿qué ocurrirá si el año que viene se cumplen los planes del Gobierno y el salario mínimo sube a los 900 euros? Que este porcentaje subirá como la espuma. Será una buena noticia para aquellos que sigan trabajando con el SMI, pero puede tener efectos adversos: para aquellos a los que se les obligue a pasar a la economía sumergida o a los que se les reduzca el número de horas de trabajo. O para los que directamente pasen a la lista del paro.
“La subida tendrá poco efecto en comunidades como País Vasco o Navarra, donde los salarios son más altos. Pero se sentirá especialmente en Extremadura, Canarias o Andalucía, donde son más bajos”, advierte Florentino Felgueroso, de Fedea. En estas zonas habrá más incentivos para que los empresarios no contraten con esos sueldos comparativamente más altos. Sobre todo si se trata de empleados con poca formación y productividad. “El Gobierno tiene que ofrecer soluciones a estos posibles descolgados. Y esta solo pasa por darles más formación”, concluye el economista José Moisés Martín Carretero.
Fuente: El País