MÁS INFORMACIÓN

El pleno de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha aprobado este viernes reclamar la devolución de los casi 400 millones de euros que la constructora ACS y las entidades Banco Santander, Bankia, CaixaBank y Enagás recibieron como indemnización por la paralización del almacén de gas Castor, una infraestructura que, tras desencadenar una serie de pequeños seísmos, fue clausurada sin entrar nunca en funcionamiento.

En diciembre de 2017, el Tribunal Constitucional anuló varios artículos del real decreto ley de 2014 que permitió a la empresa Escal UGS –controlada en un 66,7% por ACS– cobrar una indemnización multimillonaria por la paralización del controvertido almacén de gas. La compensación superó los 1.350 millones de euros y los magistrados anularon el instrumento legal que el PP había diseñado para que las entidades afectadas pudieran recibir los cobros.

Del pago de la indemnización, que abonaban todos los consumidores de gas a través de su factura mes a mes, se encargaba la CNMC. Tras la sentencia del Constitucional, Competencia paralizó esos pagos mensuales. E inició un expediente para recuperar lo que ya se había abonado, que ronda los 400 millones (incluyendo los intereses), según fuentes de Competencia.

Finalmente, y tras un informe favorable del Consejo de Estado, el pleno de la CNMC ha aprobado este viernes iniciar el proceso de reclamación y exigir la devolución a cada una de las entidades afectadas. El total sin contar los intereses asciende a 368,4 millones de euros.

El monto mayor se le exige a Escal: 195 millones de euros. Al Banco Santander la CNMC le pide la devolución de 71,9 millones, a CaixaBank 48 y a Bankia 21,1. También se incluye una reclamación de 32,4 millones a Enagás, la compañía encargada de la gestión del sistema gasista en España. Según fuentes del sector, todas las entidades afectadas tenían reservadas esas cantidades ya en sus cuentas.

El proyecto del almacén de gas Castor está paralizado desde 2013. El anterior Ejecutivo del PP encargó a varios investigadores del Massachusetts Institute of Technology (MIT) un informe sobre las causas de los temblores que obligaron a su clausura y de los riesgos de reanudar los trabajos de inyección del gas, que fueron los que desencadenaron los pequeños terremotos. Así concluí el informe de los expertos del MIT. Tanto el anterior Gobierno como el del PSOE dejaron claro que esta infraestructura no reabrirá.

Fuente: El País