Había personal suficiente, no hubo abandono de los puestos de trabajo y el desvío de los vuelos a otros espacios aéreos bastaba para mantener la normalidad del tráfico entre los días 3 y 4 de diciembre de 2010. Estos son los argumentos que este miércoles han aportado ocho acusados que mantienen su inocencia en el juicio a los controladores, que se celebra en Madrid. “Tuve un ataque de ansiedad por 300 o 400 llamadas que me hicieron la noche del día 3”, ha asegurado César Cabo, portavoz del sindicato de controladores USCA y cabeza visible durante el caos aéreo, que llevó al Gobierno a cerrar el espacio aéreo.
Cabo mantiene su inocencia y ha asegurado que hasta el 2 de diciembre estuvo de vacaciones fuera de España, sin contacto alguno aquellos días con nadie del sindicato USCA. Su abogada, con ironía, le ha preguntado si organizó o participó “en un abandono de servicio público, incluso desde Camboya”, donde se encontraba Cabo esos días.
Al regresar a España, y tras suceder el cierre del espacio aéreo, el exportavoz dijo haber sufrido amenazas de muerte. “El Ministerio del señor Blanco hizo una campaña contra los controladores”, ha apuntado. Cabo ha suscrito los argumentos de los otros encausados que han declarado en la sesión: había personal suficiente para mantener el tráfico sin necesidad de un cierre en todo el país y ha afirmado que los trabajadores ya sobrepasaban las horas laborables del convenio colectivo antes de finalizar el año.
Otros siete controladores, algunos no suscritos al sindicato mayoritario, han declarado que no sintieron que faltase personal debido a que con el cierre del espacio aéreo, los días 3 y 4 de diciembre, la actividad era menor. Los acusados han defendido que no abandonaron su puesto de trabajo y que con el desvío a otros espacios aéreos hubiese bastado para mantener la normalidad del tráfico aéreo. Uno de los acusados ha explicado al respecto que el cierre del centro de control de Barajas hubiese afectado en torno “al 40% de los vuelos”, pero la situación se hubiese reconducido enseguida al “redireccionarlos a Barcelona o Lisboa”.
Otros seis trabajadores ya aportaron estos argumentos el lunes, día en el que comenzaron las declaraciones de los empleados que siguen adelante con el juicio. Los acusados también han negado que en aquel momento solo fuesen a operar las salidas y llegadas de vuelos de emergencia. Sí han reconocido que el goteo de salidas fue más espaciado de lo habitual en la torre de control madrileña (aproximadamente cada cinco minutos, en vez del minuto y medio al uso) hasta que se decretó el cierre del espacio aéreo.
Antonio Almodóvar, responsable de división de tráfico aéreo de Aena, ha sido mencionado por la mayor parte de los declarantes: han asegurado que fue él quien pidió el rate 0 (no aceptar tráfico aéreo). Una de las acusadas ha dicho que lo pedía “a gritos”. Otro declarante ha asegurado que fue este jefe de operaciones quien le ofreció firmar el formulario 34.4, de incapacidad, que se rellena cuando un controlador no se encuentra al 100% de sus capacidades. Este formulario lo firmaron en los días del puente de diciembre más de un centenar de empleados, aproximadamente. El responsable de Enaire (antes Aena) todavía no ha declarado y está previsto que lo haga esta tarde.
De los 133 controladores encausados, 119 suscribieron ante la magistrada los pasados días el acuerdo con Fiscalía. El pacto les otorga una reducción de la multa, que asciende a 15.000 euros, salvo para altos cargos de USCA, que deben pagar 30.000 euros y tendrán una suspensión de empleo y sueldo de 5 meses. El Ministerio Fiscal solicita en su escrito de acusación multas que oscilan entre los 60.000 y los 75.000 euros para los 14 acusados que no han pactado.
Fuente: Cinco Días