Fumata blanca. La Generalitat de Cataluña ya ha desvelado hoy que obligará a las empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC) a implantar la precontratación en sus servicios. En concreto, los usuarios de Uber y Cabify deberán reservar estos coches con un mínimo de 15 minutos de antelación, según planea incluir la institución catalana en el nuevo decreto ley que regulará la actividad de los VTC.
Aunque la medida adoptada dista mucho del tiempo mínimo de 6 horas que reclamaban los taxistas que debían transcurrir entre la contratación y la prestación del servicio, «es suficiente para anular el servicio de inmediatez que prestan estas plataformas y distinguir los servicios de taxi y VTC», explica a Cincodías un jurista conocedor del sector.
La noticia ha sido hecha pública por el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, que ha presidido hoy la reunión del Consejo del Taxi, donde han participado tanto representantes de la Administración con de las asociaciones de taxistas. Algunas de ellas ya han expresado su rechazo a la medida, por considerarla insuficiente y han anunciado que van a la «guerra». «La medida es totalmente insuficiente, y se va a parar ya todo», aseguran.
Los taxistas han empezado a convocar cortes en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat y en un audio de voz que se está corriendo ya entre este colectivo se avanza «una huelga indefinida ya».
Esta mañana unos 200 taxistas, convocados por Élite Taxi y Sindicato del Taxi, ya se habían concentrado frente a la Conselleria de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat para exigir, precisamente, que los VTC tengan que precontratar sus servicios y deban volver a la base después de cada trayecto. Alberto ‘Tito’ Álvarez, portavoz de Élite Taxi, ya había avanzado días atrás que si las medidas adoptadas por el Gobierno catalán no les convencían harían huelga durante la celebración del Mobile World Congress, para exigir una medida más dura contra los VTC.
La patronal Unauto no ha hecho aún ninguna declaración oficial, pero ya avanzó la semana pasada su intención de emprender acciones legales si el decreto ley del Govern limitaba su negocio, tal y como estaba contemplado hasta ahora. Esta asociación ya avanzó que si esto ocurría reclamará a la Generalitat unas indemnizaciones de 1.100 millones de euros.
Ahora queda por ver si otras adminitraciones catalanas como el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) establece en su normativa local un tiempo de precontratación mayor a esos 15 minutos. Según la propuesta de la Generalitat, en caso de que las autoridades locales fijen otras intervalos de tiempo, deberán justificarlo. Según habría explicado Calvet en la reunión de esta mañana, la decisión de la Generalitat se ha tomado tras evaluar lo que se está haciendo en el resto de países de la UE sobre este asunto.
Fuente: Cinco Días